La Guardia Civil ha entrado en la empresa Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter (Agissa) bajo la premisa de un supuesto desvío de fondos públicos. Una comitiva judicial acompañada del fiscal Anticorrupción, José Grinda, ha entrado en el edificio del Ayuntamiento de Girona con el objetivo de buscar documentación sobre la empresa pública de aguas municipal. También lo ha hecho en los ayuntamientos de Salt y Sarrià de Ter.
Según fuentes judiciales a las que ha tenido acceso El Nacional, el orden para los registros la ha dado el juzgado de instrucción número 2 de Girona, que es el mismo que el pasado mes de septiembre motivó una primera operación a diez días del referéndum del 1-O.
La documentación que buscan las autoridades judiciales sobre Aguas de Girona se circunscribe en la época en que Carles Puigdemont era alcalde de Girona, cargo que ostentó entre 2011 y 2016. La población de Sarrià de Ter fue gobernada durante once años (2007-2018) por el actual presidente del Parlament, Roger Torrent. La causa trata de concretar si hubo sobrecoste en la gestión publica del agua en Girona, que se remonta incluso a la época del histórico alcalde socialista Quim Nadal.
El operativo ha empezado minutos después de las 9 de la mañana, cuando un grupo de agentes de la Guardia Civil y el fiscal Anticorrupción han entrado en el Ayuntamiento gerundense. Según la prensa local, habrían visitado el despacho de la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas.
La fiscalía Anticorrupción investiga la empresa Agissa y las privadas Girona SA y Prodaisa SA por cuatro delitos: delitos de apropiación indebida, administración desleal, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Según han informado fondos judiciales, la investigación hace referencia al uso de fondos públicos que estarían relacionados con el canon acordado en la prórroga de 2013 de la concesión de Agissa —en relación al circuito del agua— o bien con partidas presupuestarias del ejercicio 2014 de, "al menos", el Ayuntamiento de Girona.
Madrenas: "Han venido a hacer el show"
La alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, ha querido expresar su rechazo a la operación y la ha tachado de innecesaria. "Han querido venir a hacer el show", ha sentenciado Madrenas, que ha puesto de relieve en una atención a los medios ante el Ayuntamiento de Girona que la documentación que esta mañana ha solicitado la Guardia Civil es pública y que, en consecuencia , no era necesario personarse en el consistorio. "Nos han pedido los presupuestos de tres años, documentación que por cierto está colgada de manera totalmente transparente", ha subrayado la alcaldesa.
No es el primer registro
El pasado mes de septiembre tuvo lugar la llamada operación Aquàrium, ordenada por el mismo juez, que citó a declarar a varios concejales que podrían tener relación con las empresas investigadas. El juzgado quería conocer si se derivaron 15 millones de euros a Agissa, que por cierto es la empresa que gestiona el agua de Girona ciudad, Salt y Sarrià de Ter.
Las empresas en el punto de mira son, aparte de Agissa SA, la empresa privada que controla el 80% de las acciones de este ente, Girona SAN, y una filial de esta última compañía, Prodaisa SA, también de capital privado. Después de que las supuestas irregularidades se hicieran públicas, el juzgado apartó a los socios privados de la gestión de Agissa, que ahora es plenamente pública.