La Guardia Civil ha detenido a 21 personas, según la policía colaborarían para desviar dinero de fondo público en Bélgica. Entre los detenidos hay David Madí, Xavier Vendrell y Oriol Soler por presuntos delitos de prevaricación, malversación y blanqueo de capitales según han explicado fuentes policiales a El Nacional. A media mañana la policía ha detenido, también, a Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo, que ya ha quedado en libertad con cargos.
Según informa el TSJC, se han hecho 31 entradas y cacheos en 8 partidos judiciales de todo Catalunya. Al margen de los delitos relacionados con la corrupción, el tribunal apunta a un presunto delito de desórdenes públicos, que sería lo que haría relacionar toda la operación con Tsunami Democràtic. A diferencia de otros casos y macrooperaciones policiales contra el procés, sin embargo, esta vez no se imputa a los hechos el delito de terrorismo, que comportaría la escalada del caso en la Audiencia Nacional.
Los detenidos está previsto que declaren ante el juez este viernes.
La trama que se investiga y que viene de un presunto desvío de fondo de la Diputación de Barcelona, intenta relacional la financiación del procés independentista con fondos públicos, Tsunami Democràtic, relaciones con los rusos y una presunta operación urbanística. Los detenidos sueño empresarios catalanes relacionados con antiguos gobiernos de la Generalitat, ERC, CDC o con vinculaciones con los líderes independentistas, sobre todo con Carles Puigdemont.
Los investigados
Entre los investigados está Xavier Vinyals Capdepon, presidente Plataforma Proseleccions Esportives Catalanes; David Madi Cendros, ex secretario de Comunicación con Jordi Pujol y persona próxima a Artur Mas; Xavier Vendrell Segura, exconseller de Gobernación por ERC durante el tripartito con Pasqual Maragall; Oriol Soler Castanys, empresario vinculado a ERC fundador de Ahora Libros y las revistas Sàpiens y Time Out Barcelona; Antonio Fuste Piñol y Roc Aguilera Vaques, de la empresa Events; Pilar Contreras Llanas, directora general de centros concertados y centros privados; Marta Molina Alvarez maestra y responsable del Gobierno de Políticas para Gais y Lesbianas del 2008 en el 2010; Jordi Mir, alcalde de Cabrera de Mar y Jordi Serra, interventor Delegat.
Josep Lluís Alay, jefe de la oficina de Puigdemont en Waterloo, ha quedado en libertad con cargos, acusado de malversación. En directo, en RAC1, una vez en libertad, ha dicho que estaba tranquilo y sobre el delito que le imputan ha lanzado: "el de siempre". Alay ha denunciado que la operación es "una persecución a la causa independentista".
La Guardia Civil ha detenido a 21 personas y ha hecho 31 cacheos en Barcelona, Sant Quirze del Vallès, Sant Joan Despí, Vilafranca del Penedès, Cabrera de Mar, Igualada, Montcada i Reixac y Girona.
La Guardia Civil ha registrado la empresa Events d'Igualada.
La investigación está dirigida por el juzgado de Instrucción 1 de Barcelona. Se trata de una pieza secreta, de la que hoy se ha levantado el secreto de sumario, y que deriva de las diligencias previas 111/2016, referentes al presunto delito de corrupción a la Diputación de Barcelona.
El origen
En febrero, un nuevo informe de la Guardia Civil pedía que se investigaran 48 personas más en relación al procés soberanista. El escrito, un resumen de los cacheos que el cuerpo de seguridad estatal hizo en mayo del 2018, apuntaba que entre el 2012 y el 2015 se hicieron adjudicaciones y se concedieron subvenciones de manera irregular por valor de un millón de euros desde la Diputación de Barcelona.
Parte de estos fondos, unos 180.000 euros, fueron a las fundaciones afines al partido CATmón e Ingman, según el informe. La investigación señala que este dinero se habría utilizado para pagar facturas del procés. CATmón e Ingman estaban vinculadas a través del excargo de Convergència Víctor Terradellas, detenido en aquella operación de mayo.
La Guardia Civil sospecha, además, de irregularidades en subvenciones de la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, también en época convergente, en CATmón e Ingman, pero en este caso no hay pruebas.
Entre las 48 personas que la Guardia Civil pedía entonces al juez que investigara hay cargos de la Diputación y miembros de las entidades subvencionadas, como Francesc de Dalmases, expresidente de Ingman y actual diputado de Junts per Catalunya.
Estirando el hilo de la investigación, la policía habría encontrado el origen de Tsunami Democràtic que actuó justo hace un año como reacción ciudadana ante la sentencia condenatoria del presos políticos. También unas presuntas irregularidades urbanísticas en Cabrera de Mar con la Xavier Vendrell como implicado.