La Guardia Civil espía con un software remoto similar a Pegasus. Así consta en el caso Volhov, donde desde finales del 2019 el titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona dirige la investigación del cuerpo armado sobre la supuesta financiación ilegal del independentismo catalán y sobre negocios particulares. En un informe, la Guardia Civil detalla que además de tener los teléfonos intervenidos hacía meses, por orden judicial, de David Madí, exdirigente de Convergència, y del exconseller de ERC Xavier Vendrell, en agosto del 2020 el juez Joaquín Aguirre autorizó "la instalación de software para examinar de forma remota y telemática" los dispositivos móviles de Madí y Vendrell. No se detalla qué software usaron. Los dos políticos están entre las 65 personas espiadas por Pegasus, de la empresa israelí NSO, que solamente vende este programa a gobiernos. Según la investigación del grupo Citizen Lab de la Universitat de Toronto, no se puede detallar cuándo fue infectado Madí y Vendrell lo sufrió entre noviembre del 2019 y abril del 2020, cuando ya estaba siendo monitoritzado por la Guardia Civil en el caso Volhov.
Con el espionaje de más de 60 políticos y activistas independentistas destapado por la investigación del CatalanGate, el Ministerio del Interior salió rápidamente para desmentir que el Cuerpo de la Policía Nacional y la Guardia Civil utilizaran Pegasus. Precisaron que solamente usan el sistema de escuchas telefónicas con el programa SITEL, ahora desmentido con el caso Volhov, aunque con autorización judicial. Con respecto al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), se ha asegurado que tiene el software israelí, pero que no se ha usado sin permiso judicial, en concreto del juez del Tribunal Supremo que supervisa la invasión de la intimidad de personas. Una afirmación que se pone en duda en el CatalanGate ante el espionaje masivo a personas sin haber cometido ningún delito, y especialmente con abogados afectados, que implica la grave vulneración del derecho de defensa, además de la intimidad. Pegasus puede entrar en los móviles de las personas sin necesidad que toquen ningún enlace, entra y se lleva todo lo que tiene almacenado el aparato, desde fotos, documentos, audios y textos, y se marcha sin dejar rastro. Bien, Bill Marczak es el experto de Citizen Lab que ha descubierto el rastro que deja Pegasus, después de años de investigación, y según los expertos, el rastro de ataques antiguos se puede ver en Iphones y todos los aparatos de Apple, y no en Android. Las explicaciones dadas el domingo por el ministro Félix Bolaños a la consellera Laura Vilagrà para descubrir la autoría de este espionaje sin precedentes no ha satisfecho al Govern.
Rusia y criptomonedas
En la investigación del caso Volhov, la Guardia Civil no detalla qué programa ha usado para introducir el software remoto a Madí y Vendrell. Sus defensas tampoco lo saben, a pesar de constatar que el cuerpo armado tuvo permiso judicial el 24 de agosto de 2020. "Por ahora, la aplicación de esta medida solamente ha tenido un éxito parcial en el caso de David Madí, pero sin que se hayan encontrado elementos de interés para la investigación", afirma el jefe de la investigación en un informe de octubre de 2020. La Guardia Civil pidió intervenir los teléfonos de los exlíderes de CDC y ERC, después de que a finales del 2018, en el caso Diputació de Barcelona, sobre subvenciones a entidades afines en Convergència, encontraran dos audios guardados en el móvil de Víctor Terradellas, presidente de la fundación Catmon y exsecretario de relaciones internacionales de CDC en el exterior. Eran dos entrevistas con Madí y Vendrell, en las que Terradellas les aseguraba de un supuesto apoyo del gobierno ruso al movimiento independentista catalán. Se creó una pieza secreta con las intervenciones y seguimientos, hasta que en octubre del 2020 fueron detenidos.
La Guardia Civil justifica la intervención de los móviles así como la instalación de un software de control remoto asegurando que habría una trama "liderada por Carles Puigdemont", y en la que participan Madí, Vendrell, Xavier Vinyals, presidente de la Plataforma ProSeleccions Catalanes, y el informático Jaume Cabaní, "con la pretensión de implementar un sistema basado en criptomonedas Bitcoin para operar al margen de los controles de las autoridades europeas y españolas, pero siendo la adquisición de criptomonedas realizada con fondos públicos desviados de los casos de corrupción, que han ido aflorando en los últimos años y en los que también estaría involucrado Terradellas". Dos años después de esta hipótesis, nada se ha confirmado, aunque la unidad de la Guardia Civil todavía tiene pendiente presentar los informes de todos los móviles y aparatos que decomisó a los detenidos.
Audio en los coches
En el caso Volhov, el juez Aguirre autorizó durante meses un seguimiento, como habitualmente se autoriza a grupos peligrosos de narcotraficantes, o como el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, permitió contra los primeros nueve vecinos y miembros del CDR detenidos el 29 de septiembre de 2019 y acusados de terrorismo. Así, además de la intervención de las comunicaciones con el sistema SITEL (incluido mensajes entrantes y salientes), a los principales investigados del caso Volhov se instaló en sus vehículos unas valijas para seguirlos, y también de medios técnicos de sonorización, que graban lo que se habla en el interior del vehículo. Cuando los investigados del caso Volhov fueron detenidos, el 27 de octubre del 2020, el magistrado también permitió el uso de software forense para visionar los datos que se pudieran haber eliminado en todos sus dispositivos.
En algún informe, la Guardia Civil lamenta que "los investigados utilizan vías alternativas para comunicarse con terceras personas y adoptan medidas de seguridad en sus comunicaciones". No obstante, consiguieron conversaciones de Vendrell, que para los investigadores lo comprometen en una operación urbanística en Vila Bugatti, en Cabrera de Mar, y donde pide el apoyo de diferentes responsables del Departament de Educació, como el actual conseller Josep González Cambray. Y de Madí, lo acusan de hacer negocios aprovechando sus contactos políticos. Por ahora, todo continúa en investigación. Nada firme.
Paralelamente, está previsto que esta semana se presenten las primeras denuncias y querellas en los juzgados por los afectados de Pegasus.