Nuevo paso contra Catalunya de la Guardia Civil. Después de señalar a ERC como organizadora "en la sombra" del 1-O, de acusar bomberos, estudiantes y concejales de la CUP de intimidación el 1-O, de atribuir un delito de sedición a 31 cargos por|para haber participado el 20 de septiembre en la manifestación multitudinaria en las puertas del Departamento de Economía mientras se estaba haciendo un cacheo policial y de tildar también de rebelión la Vía Catalana, la V, el puntero y el resto de Diades, ahora ha entregado un informe al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en que vincula a más de 100 personas con la organización del referéndum.

Probando de inculpar todas aquellas personalidades que están a favor del derecho a decidir y de la democracia, la policía española, aparte de señalar Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Josep Lluís Trapero, añaden también la figura del expresident Artur Mas, de la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, de la hasta ahora portavoz de la CUP, Anna Gabriel, de la expresidenta del grupo parlamentario de los anticapitalistas, Mireia Boya, y de la presidenta del Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras. Y así hasta además de 100 nombres.

De hecho, el documento reúne varios informes sobre la cuestión catalana e, incluso, incorpora el nombre del entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, por haber leído un manifiesto en un acto convocado por la ANC y Òmnium el 11 de junio de este año. Según la Guardia Civil, el manifiesto "supuso una movilización para defender la vía unilateral" y, por lo tanto, y siempre según el criterio de la policía militarizada, Guardiola pretendía movilizar a todos los partidarios de la independencia".

Y no sólo prueba de atribuir delitos de rebelión a estas personalidades, sino también a bomberos, mossos, estudiantes y concejales de la CUP de intimidación el 1-O bajo el argumento que, por ejemplo, los agentes de la policía catalana se quedaron inactivos porque los de la española "tuvieron que abrirse paso".

¿Democracia?

La lista también incluye los miembros de la Mesa del Parlamento, los del Diplocat (disuelto por el gobierno español en aplicación del artículo 155 de la Constitución española" y los 14 integrantes del Consejo Asesor para la Transición Nacional, liderado por Carles Viver y Pi-Sunyer.

Este informe se suma a los otros que ya ha hecho la policía militarizada para intentar inculpar personalidades reconocidas del proceso en delitos de rebelión, entre otros. Llarena, pues, tendrá que valorarlo y decidir qué hace. De momento, el vicepresident en funciones, Oriol Junqueras, está citado a declarar el 4 de enero para decidir si lo deja salir de la prisión y, aunque ha decidido no hacerlo, llegará al tribunal a las 10.30 horas desde la prisión d'Estremera, donde lleva 53 días encarcelado.

El diario británico The Guardian ya cuestionó ayer la justicia española y se preguntó por qué es tan rápida con respecto al proceso y "tan lenta con la corrupción del PP" poniendo encima de la mesa que "la agilidad con que el sistema de justicia ha respondido a la crisis catalana contrasta claramente con el ritmo glacial con el cual maneja los centenares de casos de corrupción que implican miembros del Partido Popular gobernando".

Y es que mientras la policía y la justicia española no dejan de poner palos en las ruedas a todo aquello que esté vinculado al proceso, el mundo empieza a ver que el comportamiento del gobierno de Mariano Rajoy de ignorar la voluntad de una gran parte de los catalanes no es una conducta habitual en una democracia. De hecho, incluso, el diario alemán Der Spiegel explicó el sábado que los resultados de las elecciones del 21-D que se saldaron con una mayoría absoluta independentista en el Parlament de Catalunya "han liquidado la esperanza de la UE de acabar con la crisis", que se cronifica.