La Guardia Civil ha concluido su informe definitivo sobre los CDR que fueron detenidos en septiembre del 2019, y sigue acusándolos de formar una "organización terrorista", según informa El Confidencial.

El instituto armado español afirma en el informe que presuntamente planeaban atentados, sabotajes y el asalto del Parlament como respuesta a la sentencia contra los consellers y los líderes de entidades sociales por el 1-O. Según el informe, los CDR investigados formaban "una organización criminal con finalidad terrorista" y disponían de "laboratorios" y material "para elaborar compuestos explosivos".

El informe se ha incorporado al sumario de la llamada operación Judas, que instruye el Juzgado número 6 de la Audiencia Nacional en torno a 13 CDR que consideran presuntos miembros de unos Equipos de Respuesta Táctica (ERT), que sería un subgrupo de los CDR que presuntamente tenía como "objetivo común (...) coadyuvar a la independencia de Catalunya" mediante la ejecución de diferentes acciones de carácter violento y, especialmente, "el proyecto de asalto, ocupación y defensa del Parlament de Catalunya", señalan los responsables de las diligencias.

Según el informe, había unas esferas superiores que impartieron órdenes a la organización y vinculan a ello un CNI catalán, "una plataforma todavía no identificada que estaba en contacto con uno de los principales implicados, Xavier Buigas" y que supuestamente dio instrucciones para "la defensa de Parlament" cuando llegara el llamado día "d "con la finalidad de producir un efecto desestabilizador en el Estado español" con motivo de la publicación de la sentencia de Tribunal Supremo contra los organizadores del referéndum del 2017.

También acusan a los CDR de realizar búsquedas en internet sobre el presidente del PP, Pablo Casado, y otros políticos.

"Represaliados"

Nueve personas vinculadas a los CDR fueron detenidas el 23 de septiembre por este caso y después fueron puestas en libertad bajo fianza. En un comunicado conjunto lamentaron que "seguían" siendo "represaliadas" por su "posicionamiento político" porque aunque ya no estaban en la cárcel, continuaban "pendientes de unas acusaciones muy graves".

"Aunque nuestras compañeras estén en casa con sus familiares y amigas, siguen siendo represaliadas por su posicionamiento político en favor del derecho a la autodeterminación y su participación en las movilizaciones", indicaba el texto. "La imposibilidad de programar a largo plazo, de idear planes de futuro y de tener los movimientos limitados, son otras caras de esta represión", añadía el documento que difundido en Twitter.

"Nos reafirmamos en el hecho de que se trata de una operación política articulada desde el poder policial y judicial que responde a la necesidad del régimen del 78 de hacer frente a aquellas que ponen en cuestión la vulneración de derechos constantes que se sufren", afirmaba el comunicado. Añadían que la operación era "dentro de la causa general contra el independentismo, criminalizar las respuestas populares enfrente de las lógicas de Estado, aquellas lógicas que no permiten ninguna disidencia en defensa de los derechos nacionales y sociales".

En la fotografía, algunos de los CDR detenidos en una rueda de prensa en el Parlament | Sergi Alcàzar