Desmemoriados. Los seis agentes de la Guardia Civil que intervinieron en la investigación de trece vecinos de Catalunya, miembros de CDR y acusados de terrorismo en el 2019, en la llamada Operación Judas, no han aclarado cuál es el origen de la instrucción ni porque la hicieron. Los agentes han declarado este lunes como testigos ante el titular del juzgado de instrucción 6 de la Audiencia Nacional, a petición de los abogados de Alerta Solidaria, que representan a la mayoría de encausados, para aclarar a raíz de qué indicio los siguieron e intervinieron sus comunicaciones. "Ha sido una tomadura de pelo y se confirma que este caso es una operación de Estado contra el independentismo catalán", ha denunciado el abogado Xavier Monge.

La instrucción del caso de los CDR está casi concluida, pero las defensas presentaron recursos porque el juez Manuel García-Castellón no se facilitaba toda la documentación, como los audios completos de las escuchas telefónicas. El marzo pasado, la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional por tercera vez volvía a dar la razón a los abogados de Alerta Solidaria, y ordenaba que para garantizar su derecho de defensa que hacía falta que pudieran interrogar en los agentes que hicieron la instrucción. Según los abogados, sin embargo, tres de los agentes han explicado que solo hacían tareas de oficina, otros no recordaban el nombre de la persona a quién seguían, y la instructora solo respondía "no lo recuerdo, no lo sé". El abogado Xavier Monge ha alertado al magistrado que le dijera a la testigo que podía incurrir en falso testimonio, pero García-Castellón le ha dicho que no le podía devolver la memoria, según ha afirmado el abogado de Alerta Solidaria. Y finalmente, el que era el jefe del operativo y del servicio de información en Catalunya de septiembre de 2017 a mayo del 2021 tampoco ha dado detalles de nada y apelaba que algunas cosas podrían estar secretas, cuando no es así. ¡"Qué una tomadura de pelo"!, ha sentenciado Monge.

Vulneraciones

Los abogados defensores han insistido en reclamar la documentación que las falta de la causa, aunque la sala de lo penal de la Audiencia Nacional les dio la razón, y desde el juzgado se les ha respondido que se les facilitará la resolución donde se aprobaron las escuchas telefónicas y los seguimientos, donde podría desvelarse el cuándo, como y porque de la investigación, aunque no es seguro. "El juez mantiene una desobediencia reiterada a las resoluciones de la sala", han manifestado Monge. El juez García-Castellón mantiene secreta una investigación desde el 2017, además de tener otra sobre los organizadores de Tsunami Democràtic, también secreta, y donde por ahora se conocen como principales investigados el exdirigente de CDC David Madí y el exconseller de ERC Xavier Vendrell, ya que se los reclamó al titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, que los investiga en el caso Volhov.

El septiembre pasado, el magistrado procesó a los acusados por pertenecer a organización terrorista y, en la resolución, calca la misma expresión del fiscal cuando expone que el otoño del 2017, como no prosperó el procés de independencia en Catalunya, "una parte de la ciudadanía tuvo un sentimiento de frustración" y algunos de ellos como los acusados optaron por acciones violentas. Una de estas acciones era ocupar el Parlamento, a través del encargo de un llamado CNI catalán, que les dejaría entrar por la puerta principal, y que la operación tendría un presupuesto de unos 6.000 euros. Nada se ha aclarado de este extremo. Y a algunos, la fiscalia los acusa de tener material para hacer explosivos.

De los trece acusados iniciales, el marzo pasado la Audiencia Nacional archivó la causa contra el sabadellense Xavier Duch, detenido el 23 de septiembre de 2019, junto con otras ocho personas en la operación Judas (después ampliada a cuatro vecinos más) por razones médicas. Ahora, las defensas estudian si piden más pruebas, y reciben, finalmente, la reclamada.