Efectivos de la Guardia Civil han entrado esta mañana en el Parlament de Catalunya para pedir información sobre el exdiputado de JxSí y exconsejero, Germà Gordó, actualmente diputado no adscrito, por orden del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña Carlos Ramos, que instruye el caso del 3%, sobre la presunta financiación irregular de CDC a través de comisiones por adjudicaciones de obras públicas.
Los guardias, todos ellos de paisano también han intentado entrar en el Palau de la Generalitat, pero el Departamento de Presidencia lo ha impedido, aunque después les ha proporcionado la información solicitada, según confirmaron a El Nacional fuentes del Govern; igualmente, se han personado en la conselleria de Justicia y el Centro de Telecomunicaciones y Tecnología Informática (CTTI).
Los miembros del instituto armado llevaban autos del Tribunal Superior de Justícía de Catalunya y han acudido a las diferentes sedes en calidad de policía judicial. En el Parlament, la intención de los agentes era acceder a los archivos de Gordó a través del Departamento de Infraestructuras, Equipamientos y Seguridad.
La Guardia Civil ha obtenido una copia del correo electrónico de Gordó desde que es diputado que han depositado en un disco extraíble. Los agentes han trabajado bajo la supervisión del fiscal anticorrupción José Grinda. En el Parlament han intervenido al menos ocho agentes de paisano además del fiscal, dos de los cuales con el rostro parcialmente cubierto. Gordó está citado a declarar ante el tribunal del 3% el próximo lunes 24 de julio.
Palau de la Generalitat
En el Palau de la Generalitat se han personado cinco agentes para pedir información de la época en que Gordó fue secretario del gobierno, entre diciembre de 2010 y diciembre de 2012. En concreto, el libro de visitas y la relación del personal administrativo de apoyo que tenía. Se les ha sumado también el fiscal Grinda y se han sido unas ocho horas. A los agentes no se les ha permitido entrar en el interior de las dependencias por orden del consejero de la Presidencia, Jordi Turull, y se les ha hecho esperar en una sala del Patio de Cocheras para entregarles la documentación requerida.
No existía libros de visitas ni tampoco agenda personal de Gordó, requerida posteriormente por los agentes. Se les ha entregado la documentación sobre el personal administrativo en papel, pero la Guardia Civil ha insistido en que necesitaban tenerla en soporte informático y verificada por un agente. Ante esto, un agente ha accedido al Palau por la puerta de San Severo, y ha comprobado los datos entregados en un pen drive
Departament de Justícia
Por su parte, cinco agentes de la Guardia Civil vestidos de paisano han llegado al Departamento de Justicia unos cinco minutos antes de las 11 h de la mañana. No han preguntado por el consejero de Justicia, Carles Mundó, que en ese momento no se encontraba en la conselleria, y han pedido información cuando Gordó era consejero, en concreto el registro de visitas, entre diciembre de 2002 y enero de 2015. También han pedido la relación de personas que hicieron tareas administrativas o de secretaría entre 2012 y 2016, así como la del grupo de subalternos de la época. No se encontró el libro de visitas: sólo la agenda oficial de actos protocolarios.
El ex consejero de Justicia está citado a declarar en calidad de investigado lunes de la próxima semana en el TSJC, que se declaró competente a principios de junio para investigarlo. El resto del caso lo instruye un juzgado de El Vendrell. El TSJC investiga Gordó por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos. El lunes también declarará, en su caso como testigo, el extesorero de CDC Andreu Viloca, investigado por el juez de El Vendrell.
Según la exposición razonada que el juez del Vendrell hizo llegar al TSJC y que el Alto Tribunal asumió, Gordó y "otras personas" habrían llevado a cabo una "serie de actuaciones" por "requerir a ciertas empresas abundantes donaciones a dos fundaciones estrechamente vinculadas a CDC, CatDem y Fórum Barcelona "a cambio de" mediar directa o indirectamente ante las autoridades responsables "de la adjudicación de concursos públicos. Tras saber que estaba citado a declarar, el diputado no adscrito afirmó que esta citación "no cambia nada", que recae "dentro de la más absoluta de las normalidades procesales" y que mantenía el acta parlamentaria. (Con información de: Marta Lasalas, Marta Casado y Gemma Liñán