Primeros movimientos en la investigación del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos en la causa de Alberto González Amador, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Una unidad de la Guardia Civil se ha personado esta mañana en la sede de la Fiscalía General del Estado para registrar el despacho institucional de Álvaro García Ortiz con el objetivo de incautar todos sus dispositivos electrónicos, según adelanta El Mundo. Es una de las primeras diligencias que ha acordado el juez del Tribunal Supremo que está instruyendo el caso, Ángel Hurtado, que también ha decretado el secreto de las actuaciones durante un mes. Hace una semana, González Amador pidió al Supremo que se accediera al correo de García Ortiz para revisar los emails enviados y recibos entre el 5 y el 18 de marzo de 2024 con el objetivo de averiguar quién filtró sus datos personales. Posteriormente, la ABC ha informado de que la Guardia Civil se ha incautado del móvil del fiscal general del estado. El mismo medio relata que la providencia del juez pedía recopilar toda la “documentación en soporte papel o informático que tenga relación directa con los hechos investigados” para “evitar la eliminación intencionada de información que pudiera ser de interés para la investigación”.
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Justo esta mañana, el magistrado ha instado al fiscal general del Estado a designar un abogado para “no generarle indefensión”. Ha señalado que la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez Fernández, está representada por la Abogacía del Estado, pero que, en cambio, no consta ninguna representación por parte de Álvaro García Ortiz. Además, Ángel Hurtado ha trasladado a las acusaciones populares personadas, que son la Fundación Foro Libertad y Alternativa, Manos Limpias, el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, para que, en el plazo de cinco días, se pronuncien sobre la posibilidad de agruparse. Asimismo, el instructor ha dejado pendiente el pronunciamiento sobre las diligencias que ha pedido practicar Alberto González Amador y la suspensión cautelar de funciones del fiscal general del Estado que ha solicitado Manos Limpias. Lo resolverá en una providencia aparte.
La causa del Supremo contra el fiscal del Estado por revelación de secretos en el caso de la pareja de Ayuso
Hace quince días, el Tribunal Supremo abrió una causa contra el fiscal general del Estado para investigar si cometió un delito de revelación de secretos sobre la investigación de presunto fraude fiscal de Alberto González Amador. La Sala de lo Penal del Alto Tribunal acogió por unanimidad la petición tanto de la pareja de Isabel Díaz Ayuso como del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que acusan al fiscal del Estado de haber revelado información privada con el comunicado que difundió para aclarar que fue González Amador (y no al revés) quien ofreció un pacto en la Fiscalía y quien admitió el fraude a Hacienda para no entrar en la prisión. El Supremo reconoció que, de la transcripción de la nota controvertida, se deduce que, “aparentemente, no hay información indebidamente revelada, ante el conocimiento público de los hechos”, pero argumentó que, de la instrucción del TSJM, sí que “se desprende que horas antes de la nota de prensa, los correos entre el fiscal del caso y el letrado del particular fueron revelados” cuando estaban “en poder” del fiscal general del Estado y de la fiscal jefe provincial. Y aquí el Supremo apreció un “perjuicio derivado de las revelaciones”.
A pesar de eso, Álvaro García Ortiz dejó claro que no dimitiría esgrimiendo que su continuidad era lo “menos costoso y más prudente para la institución a medio y largo plazo”. Posteriormente, el Gobierno le mostró su “resplado total”, el PP le exigió su dimisión inmediata para que no siga “contaminando todo lo que hace la Fiscalía”, los fiscales conservadores lo acusaron de generar una “tensión sin precedentes” y los fiscales progresistas verbalizaron su “total discrepancia” con la argumentación del Supremo.