La Guardia Civil activó ayer a las 8 en punto de la mañana la operación Anubis. La policía tenía el orden del juez de registrar varios puntos estratégicos donde supuestamente se están haciendo los preparativos del referéndum y, aunque en la parte dispositiva de la orden judicial no consta directamente ninguna instrucción de detener a nadie, sólo en tercero que impidan la operación, se arrestaron 14 personas. 

En este contexto se detuvo la mano derecha de Oriol Junqueras y cerebro del referéndum, Josep Maria Jové, en la ronda litoral, interceptado por tres coches de la Guardia Civil y se empezaron a hacer registros en varios domicilios particulares y despachos de empresas sin la presencia de abogados. Según fuentes de la defensa había "instrucciones para registrar antes de que llegaran los abogados".

De esta manera, la policía pudo pedir las contraseñas de los equipos informáticos y entrar rapidamente en las bases de datos. Una información que no es obligada de dar a la policía pero que, sin abogado y desconocimiento legal, los detenidos facilitaron sin ni tan solo plantearse que se podían negar. De hecho, todos los informáticos dieron las contraseñas porque desconocían que se podían negar.

Tampoco se comunicaron las detenciones al colegio de abogados, entorpeciendo, así, la localización de los detenidos a lo largo del día. Los abogados ni sabían dónde los tenían ni dónde los llevarían después. A una de las abogadas, incluso, el juez le negó la información.

De hecho, la defensa denuncia esta estrategia de desinformación como una de las armas con las que juega el juez del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona.

¿Sedición, sí o no?

La operación juega con el delito de sedición. El juez no lo imputa. Investiga 20 cargos públicos por desobediencia, prevaricación y malversación. Y aunque el juez siempre ha negado que estuviera investigando el referéndum, ahora sí hace constar que la operación busca pruebas que demuestren el organización del referéndum por parte de los investigados.

En el orden de detención de la Guardia Civil, la policía argumenta la operación por "el incumplimiento de la suspensión del TC en varios pronunciamientos y la culminación de la trancisión nacional" así como "gestionar elementos fundamentales del referèndum" y habla de un posible delito de sedición.

La Guardia Civil cita la sedición, pero el juez que es lo único que la puede imputar, no la contempla.

"Su razón de ser es su desinformación"

Los abogados denuncian que la falta de información en la que está este caso desde el momento que se abrió no garantiza los derechos de los investigados. "Nadie sabe qué hace a esta gente. No te puedes defender", dicen fuentes de la defensa, lo que supone una "suspensión de facto de las garantías en el procedimiento".

Las mismas fuentes critican que "su razón de ser es su desinformación" y que el secreto de sumario en lo que se ampara el juez está entorpeciendo ya no solo la línea de la defensa, sino todo el proceso.

De hecho, a finales de julio se presentó un recurso para que se levantara el secreto de sumario, pero se llevó a traducir la petición y el juez todavía no ha enviado el recurso a la Audiència de Barcelona.

La defensa dice que hará "lo que sea" para que el juez del 13 respete los derechos, pero todavía no se han planteado recurrir al TSJC, para que asuma la investigación ya que lleva también las querellas a los miembros de la Mesa del Parlamento y el Govern de la Generalitat.

Hábeas corpus

El caso de los hábeas corpus es un ejemplo de poca celeridad. Cuando la defensa recusó al juez porque era incompatible que el mismo juez que había ordenado las detenciones, decidiera si habian estado bien hechas o no, Juan Antonio Ramírez no se quiso abstener y se puso en marcha otro trámite judicial.

Aunque lo va substituir otro juez, los detenidos han pasado la noche en comisaría pendientes de la resolución, cuando justamente el hábeas corpus lo que prevé es un sistema de protección para evitar estar en manos de la policía si la detención ha sido irregular.

Sobre este punto, fuentes de la defensa insisten que "se han suspendido los derechos de los ciudadanos".

En total se presentaron 10 hábeas corpus de los cuales se han resuelto 6. Todos están desestimados. Tres más están pendientes de resolver y el último todavía está en trámite.