La Guardia Civil ha entregado un nuevo informe al juez de la Audiencia Nacional que investiga a los organizadores de la plataforma Tsunami Democràtic, en qué reitera que Marta Rovira, secretaria general de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) y exiliada en Suiza, "realizó actos de coordinación del movimiento de Tsunami Democràtic", y detalla "con respecto a la búsqueda de apoyo institucional y de su partido". Esta acusación está fundamentada únicamente en los mensajes que Rovira, que usaba el alias Matagalls, dirige al exconseller de ERC, Xavier Vendrell, y también al jefe de la oficina del presidente Puigdemont, Josep Lluís Alay. No hay más indicios delictivos, ni de malversación de fondos públicos en el informe de la Guardia Civil, fechado el 2 de noviembre y al cual ha tenido acceso ElNacional.cat, este viernes.
Hasta ahora, la dirigente de Esquerra no ha sido formalmente imputada por el titular del juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional en la causa de Tsunami, plataforma digital que se puso en marcha el septiembre de 2019 y que a través de las redes sociales consiguió que miles de ciudadanos se movilizaran contra la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes independentistas catalanes, como al aeropuerto del Prat a la Jonquera.
La negociación de la amnistía
El informe, a pesar de ser encargado por el juez, se presenta en plenas negaciones de una ley amnistía entre el PSOE con ERC y Junts. Sin embargo, hace una semana que los investigadores de la Guardia Civil habían pedido un mes más de tiempo para concluirlo, concedido por el magistrado Manuel García Castellón, cuando aceptó la acusación de Vox y de la asociación Dignidad y Justicia, que sostiene que trabaja en nombre de víctimas del terrorismo de ETA y su presidente es diputado del PP. La causa de Tsunami es una de las que está en la mesa para incluir en la ley del olvido de los hechos del procés.
Más nombres
En el atestado, titulado "Informe de Implicaciones de Tsunami Democrático" y de 202 páginas, además de Rovira, Vendrell y Alay, la Guardia Civil cita la implicación del empresario Oriol Soler (alias Rigoberta), y a quien se atribuye la comunicación deTsunami, y derivado del caso Volhov, como también los activistas Marta Molina y Josep Campmajó, además del periodista Jesús Rodríguez, el informático Jaume Cabaní, el diputado de ERC Rubén Wagensberg (del cual incluso se recoge una de sus intervenciones públicas en el Parlament) y Oleguer Serra, de Òmnium. Dedica un capítulo a cada uno.
En las conversaciones de mensajería, ya incluidas en el sumario, el informe repite las que se hicieron Marta Rovira y Xavier Vendrell y que demuestran las dificultades para sacar adelante las movilizaciones, en previsión de una condena a los líderes del procés. "Se está reclutando gente para hacer vuestra acción, que lo está charlando la dirección", le dice Rovira a Vendrell, el 3 de octubre de 2019. Y dos días después el enojo de Vendrell: "Si hace falta voy a Lledoners. No puedo entender qué pega ven. ¡Nuestra gente necesita una victoria!", refiriéndose a ir a ver a los presos políticos para que dieran su visto bueno a las manifestaciones masivas.
Daños cifrados
La novedad de la Guardia Civil es que incluye por primera vez un informe del Ayuntamiento de Barcelona que cifra en 85.303 euros, los daños ocasionados en la ciudad, con 79 contenedores quemados, en la movilización de Tsunami Democrátic en el partido del Barça- Madrid, en el Camp Nou, el 18 de octubre de 2019.
Además, se indica quela compañía Vueling cifra en 978.000 euros los gastos provocados para la manifestación en el aeropuerto del Prat, el 14 de octubre de 2019, el día que se supo la elevada condena del Tribunal Supremo a los líderes catalanes, con la suspensión de 169 vuelos. Por su parte, Aena eleva a 389.244 euros los daños al aeropuerto del Prat, como por ejemplo en la zona del parking. También se incluye un informe del Ministerio de Transportes que sostiene que se produjeron daños por valor de 130.354 euros por las movilizaciones de noviembre a las vías de la Jonquera y de Salt en la AP-7. Y la concesionaria Acesa que tuvo perjuicios por 566.115 euros por los cortes viarios.
Ahora, el juez de la Audiencia Nacional tendrá que decidir contra qué personas dirige la investigación y si envía la causa a los juzgados de Barcelona, al desaparecer el delito de sedición, tal como se estudia desde la Fiscalía.