La Guardia Civil no encuentra al segundo acusado de los CDR, vecino de Esplugues de Llobregat, al que se le atribuyen los delitos de rebelión y terrorismo. El fuerte despliegue policial en esta población del Baix Llobregat durante la jornada de ayer no sirvió para detenerle, puesto que la orden de detención se activó sin que el susodicho estuviera en su casa.

La operación contra los CDR fracasó en la detención de este miembro, ordenada por el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. De hecho, la orden de detención se efectuó sin que el hombre buscado estuviera en su casa. Por este motivo, el despliegue de la Guardia Civil, que asombró a los vecinos de Esplugues, no sirvió para que se pudiera encontrar al susodicho, cuyo paradero se desconoce. La operación, en la que se llegó a ver un policía español armado en el tejado del edificio, impactó a los vecinos y a una guardería cercanas.

Esplugues rechazó este intento de detener al miembro del CDR buscado por la Guardia Civil. Más de 500 personas llenaron las calles del municipio en apoyo al hombre buscado por la policía tras ser acusado de "mantener la estrategia del Govern de Puigdemont" y al cual se atribuyen delitos graves en el Código Penal como terrorismo y rebelión.

El hecho de no encontrar al susodicho al acusado de terrorismo —por lo que desde la fiscalia se consideran "sabotajes"— es un hecho remarcable por el dispositivo desplegado y por el nivel de alerta terrorista cuatro en el estado español.

Operación Cadera

La Operación Cadera, que juega con las letras de la sigla CDR, es un paso más en la asedio judicial al independentismo. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castelló dio la orden de detención de un miembro del CDR de Esplugues y de otra de Viladecans, que sí fue detenida y que se encuentra ahora mismo en un calabozo en Madrid, a la espera que declare ante el tribunal.

El juez de terrorismo y rebelión en los hechos acontecidos durante la Semana Santa, cuando los CDR levantaron barreras en peajes de la red vial catalana, cortaron carreteras y llevaron a cabo acciones para reivindicar la República catalana. El magistrado considera que los acusados pretendían mantener "la estrategia de Puigdemont" con este tipo de acciones.