La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha advertido este sábado que es "imposible" retirar la medalla al mérito de la Guardia Civil que el Ministerio del Interior concedió en el 2022 al empresario Víctor de Aldama, presunto conseguidor de la trama Koldo, porque la regulación actual no lo permite. Por ello, han acusado al ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, de mentir por haber afirmado este viernes que retiraría la medalla "tan pronto como sea posible", aunque fue esta misma asociación quien pidió la retirada de la condecoración. A través de una nota de prensa, la asociación mayoritaria de guardias civiles ha pedido modificar la normativa de concesión de estas medallas para evitar un nuevo caso como este. "El caso Aldama es un ejemplo reciente que evidencia la necesidad urgente de un cambio que dé legitimidad a estas condecoraciones", denuncian. 

Guardias civiles denuncian un "mercadeo de condecoraciones"

"Este escándalo pone de manifiesto, una vez más, la falta de transparencia y los cuestionables criterios que rigen la concesión de estas distinciones", ha señalado el AUGC, que ha asegurado que la normativa actual fomenta un "mercadeo de condecoraciones". Los guardias civiles critican que sean entregadas "sin conocimiento ni participación de los representantes de los guardias civiles" y lamentan que acaben "favoreciendo a personas ajenas al cuerpo". Exponen que eso genera "malestar" entre los miembros de este cuerpo policial y da pie a una "percepción de cadena de favores y servilismos impropios" de la institución.

Es por eso que reclaman modificar la normativa a fin de que las condecoraciones otorgadas a personas externas "se limiten a casos excepcionales debidamente justificados y bajo criterios de total transparencia". También piden que los expedientes sean aprobados en el Consejo de la Benemérita, donde están representadas las asociaciones profesionales. Estas condecoraciones "tienen que ser un reconocimiento al mérito y al servicio prestado, y no un instrumento utilizado con fines ajenos al interés institucional", defienden. "El caso Aldama es solo un ejemplo reciente, pero evidencia la necesidad urgente de un cambio que dé legitimidad a estas condecoraciones", defienden.