La tensión que existe entre las instituciones del Estado a raíz de la detención y posterior liberación del president Carles Puigdemont en Cerdeña está derivando en una guerra pública. Si ayer el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena volvía a pedir que el lunes la Justicia italiana extradite a Puigdemont y descalificaba a la Abogacía del Estado por haber negado que las euroórdenes estén activas, hoy la ministra de Justicia, Pilar Llop, ha salido a replicar públicamente a Llarena y ha defendido a sus abogados.
Llop ha defendido que la Abogacía del Estado ha actuado con "pulcritud" y absoluto "respeto" a la doctrina del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) con respecto al asunto de Puigdemont. En declaraciones a Canal Sur Radio (CSR), la ministra ha sido preguntada por el hecho que el instructor de la causa del procés en el Tribunal Supremo ha remitido un escrito al Tribunal de Apelación de Sassari en el que asegura que la euroorden contra Puigdemont está vigente y que no ha sido suspendida por el planteamiento de la cuestión prejudicial, al contrario de lo que acreditó la Abogacía del Estado ante la Justicia europea.
Escrito de alegaciones
Llop ha querido dejar claro, antes de nada, su "respeto absoluto" al procedimiento judicial tanto de las autoridades judiciales españolas como de las italianas, pero ha explicado que lo que hizo la Abogacía del Estado en su escrito de alegaciones fue "reproducir la doctrina reiterada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que dice que cuando hay una cuestión prejudicial se tiene que paralizar el procedimiento".
La ministra ha recalcado que la Abogacía del Estado ha actuado con una "absoluta pulcritud y con respecto a la doctrina del Tribunal de Justicia de la UE", y ahora hace falta esperar a ver qué deciden los tribunales italianos sobre cuál es la situación del president catalán en el exilio, y si sigue vigente tanto su inmunidad como la euroorden.
La opinión de la jueza italiana
Con respecto a las decisiones del juez Llarena, Llop ha indicado que el magistrado, dentro de su instrucción, tiene que adoptar todas las medidas que él considere que son "necesarias y pertinentes para el buen fin del procedimiento". "Él se ha pronunciado y lo ha hecho saber a la jueza italiana, que ahora también tiene que dar opinión", ha apuntado.
Llop ha insistido "el absoluto respeto" del Gobierno a lo que decidan los tribunales y que la Abogacía del Estado ha actuado con absoluto "respeto" a la doctrina del Tribunal de la UE y con "pulcritud".