La asociación españolista Hablamos Español ha denunciado ante la fiscalia de Barcelona al conseller de Ensenyament, Josep Gonzàlez-Cambray, por la carta que envió a los directores de los centros educativos instándolos a no hacer ningún cambio en sus proyectos lingüísticos, a pesar de la decisión del Tribunal Supremo sobre el 25% del castellano. El conseller consideró la decisión del Supremo un "grave ataque" a los cimientos del modelo de escuela catalana e insistió en que la enseñanza de las lenguas no va de porcentajes.
"Aberraciones pedagógicas"
"En este escrito que envió el conseller, después de nombrar una serie de aberraciones pedagógicas y calificar de igualitario un modelo que discrimina a los niños hispanohablantes, Gonzàlez-Cambray afirma sin ningún tipo de vergüenza que los alumnos acaban la enseñanza obligatoria sabiendo español y catalán". Estas son las palabras y argumentos con que Hablamos Español ha decidido denunciar al conseller de Ensenyament.
La asociación sigue quejándose del conseller y apunta que se tomó la libertad de "impartir instrucciones a fin de que la sentencia judicial no se acatara". La entidad subraya que la carta enviada a los profesores "expresa la voluntad inequívoca y arbitraria de abolir el Estado de Derecho en referencia al derecho a recibir enseñanza en castellano en Catalunya". Así pues, según Hablamos Español, se han violado los derechos constitucionales de los ciudadanos.
"Prevaricación"
La entidad considera que los hechos denunciados pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación "previsto y penado en el artículo 404 del Código Penal" y acusa al conseller de "impartir unas instrucciones abusivas con el fin de impedir que se acate una sentencia judicial firme". "No hay prevaricación mayor que quien ocupa las más altas responsabilidades administrativas haga un llamamiento a pisar el Poder Judicial", manifiestan.
En un escrito, Hablamos Español explica las penas a las cuales podría hacer frente el titular de Ensenyament después de su denuncia delante de la fiscalía: pena de prisión de seis meses a dos años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial por trabajo o cargo público entre uno y tres años.
"Hablamos Español defiende para Catalunya y las comunidades autónomas con cooficialidad lingüística, la libertad de elección de lengua, el mismo modelo que se aplica en todos los países con más de una lengua oficial, es decir, el de líneas con el español o la lengua regional como vehiculares, con la otra lengua como una asignatura, concluyen.
Foto principal: El conseller de Ensenyament, Josep Gonzàlez-Cambray / ACN