La ley y el decreto del catalán en la escuela aprobados para hacer frente a la imposición del 25% castellano puede acabar en el Tribunal Constitucional. La sección 5 de la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) planteó en las partes personadas en el procedimiento sobre la aplicación del 25% de castellano si consideraban pertinente plantear cuestión de inconstitucionalidad respecto de la ley y el decreto por posible vulneración de varios artículos de la Constitución española. Una de las partes, la entidad Hablamos Español ya ha dado su respuesta: está a favor de llevarlas al Tribunal Constitucional para que las declare inconstitucionales.
El TSJC optó por la posibilidad de presentar una cuestión de inconstitucionalidad después de constatar “la incompatibilidad de la sentencia en trámite de ejecución con el nuevo marco jurídico definido por las normas legales promulgadas; y por el hecho que la sentencia se basa en la jurisprudencia constitucional”. Para los magistrados hay que determinar si el nuevo marco legal se ajusta a la Constitución en los términos en los que esta ha sido interpretada por la sentencia que impone el 25% de castellano. Según el TSJC, la norma de Educación y el decreto “determinan la imposibilidad legal de ejecutar la sentencia”, y “suscitan serias dudas sobre su validez por vicios de inconstitucionalidad”.
Hablamos Español sostiene que el nuevo marco legal sobre la enseñanza de las lenguas es fruto de un uso "desviado" de la potestad legislativa que, según su opinión, solo busca evitar dar cumplimiento a la sentencia del 25% de castellano en las aulas. La entidad asegura que con la nueva normativa, a pesar de considerar el castellano como lengua vehicular, no se le reconoce la condición que le atribuye el Tribunal Constitucional.
Recurso de inconstitucionalidad del Gobierno
El escrito reconoce que la presentación de la cuestión de inconstitucionalidad no suspende automáticamente la ley, cosa que solo pasaría si el Gobierno presentara un recurso en contra la de la ley. Por eso instan en el tribunal a que, antes de presentar la cuestión de inconstitucionalidad, se requiera a la representación del Ministerio de Educación para que manifieste si el presidente del Gobierno interpondrá un recurso de inconstitucionalidad contra la ley y contra el decreto.
La presentación del escrito llega después de que la Fiscalía haya archivado las denuncias presentadas por los grupos parlamentarios de Ciudadanos (Cs) y Vox, así como las entidades Hablamos Español y de Convivencia Cívica Catalana, contra el conseller de Educación, Josep González Cambray, a quien acusaban de los delitos de prevaricación y desobediencia para no aplicar la sentencia del 25% de castellano. A la opinión de la Fiscalía los hechos denunciados "no revisten ilícitos penales".