Hablamos Español i Convivència Cívica han anunciado que llevan ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) el acuerdo del Govern que ofrece protección jurídica a los docentes y los equipos directivos que preserven el modelo lingüístico, ante la sentencia del 25% del castellano en las escuelas. Las entidades pretenden que el tribunal declare nula esta medida de protección del Ejecutivo catalán.
Las entidades aseguran que el acuerdo es "nulo de pleno derecho" por dos motivos, según exponen en un comunicado. Por una parte, consideran que la medida incumple directamente una sentencia firme, al proporcionar asistencia jurídica a aquellos profesores y equipos docentes que incumplen el dictamen del TSJC del 25% de castellano en las aulas. El segundo motivo va relacionado con la financiación. Aseguran que el acuerdo impulsa invertir dinero público para hasta particulares. Según informa Crónica Global, las dos organizaciones no descartan duro el caso ante el Tribunal de Cuentas para que "todo el dinero que haya gastado el Govern lo tenga que devolver como personas físicas".
En declaraciones en Crónica Global, Gloria Lago, presidenta de Hablamos Español, ha asegurado que "buscaremos todas los resquicios legales" y ha añadido: "No habrá nadie de la Generalitat que pueda ser acusado de prevaricación que se quede sin la denuncia". Las acciones legales contra el acuerdo del Govern no han llegado solo desde estas dos entidades, Ciutadans ya anunció que interpondrá acciones penales contra el Govern por este mismo acuerdo del Consejo Ejecutivo.
En su comunicado, Hablamos Español y Convivència Cívica añaden que la Generalitat utiliza sus recursos para amenazar a las entidades como las suyas. A pesar de esta supuesta persecución, explican que, a través de Ampa Total, las familias pueden presentar sus quejas anónimamente para reclamar el 25% de clases en castellano que impone el TSJC.
Protección jurídica por los que defienden el catalán
Entre los primeros acuerdos del Govern de este año 2022 hay lo que pretende defender el catalán en las aulas a través de la protección jurídica de los docentes y los equipos directivos de los centros educativos que preserven el modelo de la inmersión. Esta protección implica poner al alcance de estos profesionales los servicios de asesoramiento, representación y defensa jurídica de la Generalitat.
La medida se anunció el pasado 4 de enero y además afianza el compromiso del Govern en la defensa del catalán, considerándolo una clave para garantizar la cohesión social del alumnado a lo largo de los años. Sin embargo, cuando Patrícia Plaja, portavoz del Ejecutivo, anunció ante los medios la aprobación de este acuerdo remarcó que la lengua catalana "todavía está lejos de ser normalizada".