El Gobierno vuelve a cargar contra el independentismo, esta vez con una acción dirigida a los alcaldes soberanistas. El Ministerio de Hacienda ha reclamado a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas que llame a declarar a los alcaldes que viajaron a Bruselas para apoyar al president Carles Puigdemont así como a varios europarlamentarios, dentro de la investigación que solicita sobre quién pagó esos desplazamientos y cuánto costaron, porque sospecha que "no han sido sufragados por medios privados sino que en todo o en parte han podido emplearse fondos de carácter público".

El secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández de Moya, ha denunciado ante la Fiscalía del Tribunal de Cuentas estos hechos y le ha reclamado que se investigue una supuesta responsabilidad contable en el pago de ese viaje de 200 alcaldes.

En el escrito, con fecha de este martes, el responsable de Hacienda se remite a diversas informaciones de prensa que apuntan a que el viaje costó varios miles de euros y que incluyen declaraciones de varios concejales asegurando que su ayuntamiento iba a pagar su parte.

En concreto, Hacienda detalla que para este desplazamiento fue necesario pagar un vuelo que costó "al menos" unos 200 euros por persona y el alquiler del centro cultural de Bruselas donde tuvo lugar el acto.

Buch y Lloveras, a declarar

Para aclarar todo esto, Hacienda pide que se llame a declarar a los alcaldes si se considera necesario pero, sobre todo, que se cite a tres de ellos. Primero, Neus Lloveras, alcaldesa de Vilanova i la Geltrú y presidenta de la AMI, para que facilite la lista de los alcaldes que realizaron la visita a Bruselas y sus eventuales acompañantes, el conjunto de actuaciones organizadas, su coste y la forma de financiación de los mismos. También se pide citar al alcalde de Premià de Mar, Miquel Buch, presidente de la ACM, para que ofrezca la misma información solicitada a Lloveras. Según se cita textualmente en la carta, Buch afirmó a propósito del viaje que cada alcalde había pagado su viaje, aunque no aclaró si a costa del consistorio o no.

También afirmó que el alquiler de la sala para el evento con Puigdemont lo habían costeado varios eurodiputados, por lo que el Ministerio que dirige Cristóbal Montoro plantea que se tome declaración a Ramon Tremosa, Josep Maria Terricabras y Jordi Solé para que lo aclaren.

Una vez que se tengan todos los datos, el Gobierno espera que se identifique a los responsables "de los daños causados al erario público autonómico o incluso estatal", tanto a los que manejaron los fondos públicos como a los que tienen capacidad de decisión sobre los mismos, y que se les reclame "la responsabilidad contable procedente".