La secretaria general de Financiación Autonómica y Local, Belén Navarro, ha insistido hoy en una comparecencia en el Congreso que el dinero del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) no se ha destinado a sufragar gastos del proceso independentista de Catalunya y que por lo tanto no hubo malversación. Navarro ha desmentido de esta manera las acusaciones del juez Pablo Llarena, y lo ha hecho en sede parlamentaria.

La secretaria general ha asegurado que "no ha habido dinero que haya ido destinado" a hacer posible el referéndum, tanto respecto a los pagos del FLA como al control de pagos de las entradas a cuenta. Ha recordado que esta cuestión "está siendo objeto de estudio por parte de los tribunales y los órganos jurisdiccionales" por si consideraran "que se ha desviado algún dinero que no corresponda" al FLA o al pago de proveedores o bien que este pago de facturas certificado por interventores "no correspondiera a su finalidad".

La secretaria de Financiación Autonómica y Local ha recordado que el FLA tiene "básicamente dos tramos: uno de vencimiento de deuda y el de pago a proveedores", de manera que "el dinero que se da a las comunidades a través del FLA va directamente al pago de vencimiento de deuda o a los proveedores mediante una plataforma donde la comunidad carga las facturas y se paga directamente a los proveedores".

Navarro se ha manifestado en la línea de lo que el ministro Cristóbal Montoro dijo en una reciente entrevista en el diario El Mundo, donde afirmó que no se había destinado ni un euro de dinero público de la Generalitat al 1-O. "Yo no sé con qué dinero se pagaron aquellas urnas de los chinos, ni la manutención de Puigdemont, pero sé que no fué con dinero público", afirmó. Montoro, que tenía el control de los pagos de la Generalitat desde antes del referéndum, apuntó que sólo se habría podido gastar dinero público si se hubiera producido algún delito de falsificación mediante un acuerdo entre un funcionario y un proveedor.

Las manifestaciones de Navarro indican la respuesta que Hacienda podría dar en los próximos días al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que este miércoles ha dictado una providencia donde requiere al ministro de Hacienda, que envíe información "con la mayor brevedad posible" donde acredite por qué afirma que no se ha gastado dinero público en la organización del 1-O. Según Llarena, estas declaraciones "contradicen" pruebas recogidas por la Guardia Civil durante la instrucción. Por ello, le pide que acredite esta "certeza" de que no existió malversación, ya que el Gobierno español controlaba en aquel momento las cuentas de la Generalitat. El juez también expone que durante las declaraciones indagatorias de esta semana varios encausados han sostenido que no hubo "malversación" y han citado, precisamente, las declaraciones de Montoro para defenderlo.

En el auto de procesamiento, Llarena decía que en base a las investigaciones practicadas se habían destinado al menos 1,6 millones de euros de dinero público a la organización del referéndum. Concretamente, establece que se gastaron 224.834 euros en el registro de los catalanes en el extranjero, 277.804 euros en campañas de publicidad y difusión, 979.661 euros para repartir papeletas, el censo electoral y las convocatorias de las mesas y 199.700 euros para la participación de observadores internacionales. Llarena ha procesado 14 de los 25 investigados por el delito de malversación: todo los miembros del Govern y de la Mesa (a excepción de la presidenta, Carme Forcadell).

En la providencia, Llarena no esconde que hace el requerimiento a Montoro después de que varios encausados que han pasado por el Supremo esta semana hayan usado esta entrevista para defender que no hubo "malversación". Entre ellos, el vicepresidente y conseller d'Economia, Oriol Junqueras, o este mismo miércoles el conseller de Presidència, Jordi Turull.

El ministerio de Montoro ha estado controlando las finanzas catalanas desde el pasado verano. A finales de julio, el Gobierno español ya aprobó pedir semanalmente certificados a los responsables de la gestión e intervención económica de la Generalitat para comprobar que no existía ninguna partida destinada a la organización del referéndum del 1 de octubre. Posteriormente, en septiembre, la intervención de las cuentas ya fue total.