El Ministerio de Hacienda y Función Pública analizará la sentencia del Tribunal Constitucional que declara la inconstitucionalidad y nulidad de los artículos que regulan el Impuesto sobre el Incremento del Valor (plusvalía) de los terrenos de naturaleza urbana.
El ministerio, a la espera de que la sentencia se haga pública, ultima un borrador que aseguran que garantizará la "constitucionalidad" del tributo. Así, los ayuntamientos podrían seguir recaudando este tributo, que es una de sus principales fuentes de ingresos.
"Seguridad jurídica"
Garantizar la constitucionalidad del tributo supondría "seguridad jurídica a los contribuyentes y certitud a los ayuntamientos", ha señalado el departamento que encabeza María Jesús Montero en un comunicado.
Hablamos de una decisión que ha tomado el Tribunal Constitucional, que ha anulado parte de la ley sobre el impuesto de plusvalía municipal, ya que considera que no se puede obligar al pago del impuesto si no ha habido un incremento real del precio del terreno.
El método de cálculo
En concreto, el TC se ha centrado en una serie de artículos que ha declarado inconstitucionales y nulos, ya que considera que establecen un método objetivo para calcular la base imponible del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana que determina que siempre haya existido un aumento en el valor de estos, con independencia de que haya sido así y de la cuantía real de este incremento.
Declarado inconstitucional
En una sentencia ponencia, el magistrado Ricardo Enríquez considera que el cálculo impuesto por los ayuntamientos es inconstitucional, ya que entiende que el sistema de cómputo objetivo no se corresponde con la realidad. Eso afecta al principio de capacidad económica recogido en el artículo 31 de la Constitución española, ya que la cuota a pagar acaba siendo superior al incremento patrimonial.
La sentencia cuenta con el voto particular concurrente del presidente del TC, Juan José González Rivas, y los votos discrepantes del magistrado Cándido Conde-Pumpido y de la magistrada María Luisa Balaguer. La decisión llega a raíz de la cuestión de inconstitucionalidad presentada por la sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla, con sede en Málaga.
La estocada final
Con esta sentencia sería imposible que los ayuntamientos siguieran cobrando la plusvalía municipal.
Una sentencia que se dará a conocer íntegramente durante los próximos días, pero que declara la intangibilidad de las situaciones firmes existentes antes de la fecha de su aprobación.
Lamento de la ACM
La Asociación Catalana de Municipios (ACM) ha exigido medidas compensatorias "urgentes" después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) contra el impuesto de las plusvalías. La entidad ha alertado que la decisión del árbitro de la Carta Magna española tendrá un "fuerte impacto" sobre las haciendas locales, dado que este impuesto es una de las bases de la financiación de los ayuntamientos.
Imagen principal: La ministra de Hacienda, María Jesús Montero - Europa Press