El Ministerio de Hacienda ha advertido este lunes a los representantes de la banca que sólo pueden aceptar aquellos gastos de las tarjetas de crédito de los altos cargos del Govern que estén previamente autorizados por el ejecutivo español.

Fuentes de Hacienda aseguran que esta cuestión forma parte del despliegue de las medidas anunciadas el pasado viernes por el ministro Montoro, que dio un ultimátum de 48 horas al president del Govern, Carles Puigdemont, para que adopte un acuerdo de no disponibilidad sobre las partidas que no están sometidas a control de Hacienda.

Según fuentes de Hacienda, cualquier gasto posterior a la entrada en vigor de la intervención de las cuentas no será atendido si no dispone del permiso del Ministerio. Se quiere evitar de esta manera que los cargos del Govern hagan gastos en relación al referéndum y que el ejecutivo español no reciba los extractos hasta después del 1-O.

La medida se ha abordado este lunes en una reunión en Madrid entre representantes del equipo de Montoro y el sector de la banca, donde el ejecutivo español les ha desgranado cómo actuar en relación a las nuevas condiciones impuestas a la Generalitat y a la toma del control de su gasto por parte de Hacienda.

Parte de la intervención

Al fin y al cabo, según el Ministerio, forma parte de la intervención aprobada por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del gobierno español y que tienen como objetivo evitar que la Generalitat pueda hacer ningún tipo de gasto en relación al referéndum, una vez el vicepresidente Junqueras se ha negado a entregar la justificación semanal del gasto el jueves pasado.

Con esta premisa, el gobierno español aprobó un nuevo sistema de control financiero de la Generalitat que pone en sus manos el control de todo el gasto. Según el sistema, el Estado asume directamente el pago de la mayoría de las partidas esenciales, es decir, "de buena parte de las nóminas, créditos y transferencias de los siervas públicos básicos".

Además, el sistema obliga a la Generalitat a comunicar todos los préstamos pendientes y emplaza a la banca a denunciar ante la Fiscalía cualquier movimiento de fondo vinculado al referéndum. En este sentido, el gobierno español reclama que en 48 horas el Govern adopte un acuerdo de no disponibilidad sobre las partidas que hasta ahora no eran objeto de control.

La Generalitat ha presentado este lunes un recurso ante el Tribunal Supremo para intentar detener la ofensiva de Montoro. El recurso reclama que los magistrados adopten medidas cautelares para detener la intervención. El vicepresident de la Generalitat ha asegurado este lunes que el ejecutivo español busca el "colapso total" de las administraciones, una actuación "irresponsable".