85 vulneraciones de derechos en protestas independentistas a lo largo de 2024. Es una de las conclusiones a las que llega el informe Diagnóstico del derecho a la protesta elaborado por Defender a quien Defiende a través de una herramienta de monitoreo de vulneraciones de derechos en contexto de protesta (Red Malla). El independentismo catalán es el cuarto movimiento social que sufrió más vulneraciones de derechos el año pasado, detrás del de solidaridad con Palestina (con 282), el ecologismo (con 249) y la defensa del derecho a la vivienda (con 235). Entre las vulneraciones en protestas del independentismo, destacan 38 vinculadas a la integridad psicofísica, 28 de represión judicial, 10 identificaciones y 5 detenciones. Entre otros episodios, el documento menciona las “identificaciones y vulneraciones a la integridad psicofísica” que se produjeron en Barcelona durante la investidura de Salvador Illa y el regreso de Carles Puigdemont el 8 de agosto a causa de las cargas policiales de los Mossos d’Esquadra y, especialmente, por el uso de gases lacrimógenos, cosa que “no es muy habitual por parte del cuerpo policial autonómico”.

En total, se han registrado 1.140 vulneraciones de derechos en el Estado español en un total de 228 casos sistematizados recogidos en manifestaciones, concentraciones, acciones de desobediencia civil, movilizaciones y expresiones de protesta de todo tipo. “Hay un claro aumento de la represión”, alerta Clara Calderó, de Novact. Y las cifras lo demuestran: en 2024, se registraron casi las mismas vulneraciones que en los dos años anteriores juntos: 314 en 2022 y 870 en 2023. De hecho, las vulneraciones de 2024 multiplicaron por 3,5 las de 2022. Las vulneraciones engloban detenciones, multas, amenazas, censura, afectaciones a la integridad psicofísica, identificaciones y encausamientos. Si miramos los datos territorializados, más de un tercio de las vulneraciones de 2024, un 44%, se produjeron en Catalunya (con 100 casos), seguida de Madrid (con 41 casos) y del País Valencià (con 30 casos).

El informe atribuye el incremento de la vulneración del derecho a la protesta a tres fenómenos. Por un lado, la “diversificación de la represión”, dado que prácticamente todos los movimientos sociales han aumentado el número de movilizaciones y, en consecuencia, se han multiplicado las vulneraciones. En segundo lugar, el “surgimiento de nuevos movimientos de protesta”, como los contrarios a la masificación turística, las movilizaciones de los agricultores o las protestas que tuvieron lugar en València contra el Gobierno de Carlos Mazón por la gestión de la DANA. Finalmente, se ha detectado un “repunte” de otros movimientos que los últimos años habían agrupado menos vulneraciones, como el sindicalismo, el independentismo vasco, el antirracismo o, de manera “especialmente relevante”, el movimiento de solidaridad con Palestina. Además, se alerta del incremento de vulneraciones que no tienen origen en el cuerpo policial ni judicial: “Ayuntamientos y universidades han sido agentes represores mediante la censura, la retirada de símbolos y las prohibiciones de evento”, señala el documento. Y advierte de un “aumento preocupante” de la “vulneración del derecho a la protesta por parte de actores privados”, como empresas de seguridad privada, empresas como Desokupa o las fundaciones ultracatólicas.

 

Las identificaciones policiales han sido las principales vulneraciones

¿Y cómo se concretan las vulneraciones? Las más habituales son las identificaciones policiales por participar en protestas, que representan una de cada tres vulneraciones. La siguen las multas y sanciones (con 218, el 19%) y la represión judicial (con 198, el 17%).

  • 361 identificaciones por parte de los cuerpos y fuerzas policiales por participar en una protesta.
  • 218 multas y sanciones.
  • 198 procedimientos de represión judicial, que engloba las denuncias interpuestas contra activistas, las imputaciones o encausamientos y las sentencias condenatorias en procesos judiciales que culminaron en 2024.
  • 148 vulneraciones a la integridad psicofísica, en la que se incluye el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes policiales, como otros malos tratos, amenazas, humillaciones o quema de símbolos, así como el racismo en las actuaciones policiales.
  • 109 detenciones en contexto de protesta por motivos vinculados al activismo.
  • 54 retenciones o restricciones a la libertad de circulación.
  • 24 casos de censura, que se han duplicado en relación con 2023.
  • 2 nuevas infiltraciones policiales que han sido destapadas, que se suman a los 7 casos descubiertos en 2023 de policías infiltrados en movimientos.
  • 25 otras vulneraciones, que incluyen el incumplimiento de la identificación correcta de los cuerpos policiales, la captura de fotografías y vídeos de personas retenidas, la confiscación de material, los registros o ataques en locales asociativos, la burorepresión (el uso de sanciones administrativas) o incluso la vulneración del derecho a huelga.

La reforma de la Ley mordaza es un “acuerdo insuficiente”

En la rueda de prensa en la que se ha presentado el informe, también se han expresado dudas y reticencias respecto a la reforma de la Ley Mordaza que se está tramitando en el Congreso. La acordaron el PSOE y Bildu para modificar, especialmente, lo relativo a las faltas de respeto, la desobediencia, las devoluciones en caliente y las balas de goma, y la registraron conjuntamente con Sumar, ERC y el PNV. En diciembre se cerró el plazo de enmiendas. “Es un acuerdo insuficiente. No tenemos muchas esperanzas de conseguir grandes mejoras”, ha reconocido Sara López, de No Somos Delito y Comisión Legal Sol. Preguntada por esta cuestión, ha reprobado que el texto introduce “conceptos jurídicos indeterminados y vagos” y ha lamentado que los partidos no hayan aceptado “acotar los márgenes” de la desobediencia y de la negativa a identificarse, que siguen siendo un “cajón de sastre”.

Sobre la eliminación de las balas de goma, ha criticado que no haya una calendarización y que no se regule la participación de expertos de la sociedad civil ni ningún mecanismo de control parlamentario. En relación con las devoluciones en caliente, reconoce que se ha introducido una “mínima garantía” de que se revisen solicitudes de protección internacional, pero lamenta que el texto “se olvida” del derecho a la asistencia letrada, la posibilidad de recurrir las devoluciones o la regulación del uso de la fuerza en la frontera. “Hay un montón de temas que creemos que son importantes que se quedan fuera”, ha remachado.

“¿Se sigue utilizando Pegasus?”

El informe también hace hincapié en el espionaje con Pegasus, un software “incontrolable” que “puede convertir un teléfono móvil en un dispositivo de vigilancia las 24 horas del día de manera totalmente secreta” y que se ha acreditado que fue utilizado para espiar a 65 personas vinculadas al independentismo. El documento lamenta que el año pasado transcurrió con “más preguntas que respuestas sobre la autoría y responsabilidad del espionaje” y con investigaciones y querellas que “chocaron” con la “nula colaboración” del Gobierno y el “silencio” de NSO Group, la empresa israelí creadora del software. “¿Se sigue utilizando Pegasus?”, se pregunta.

“Esta falta de transparencia recuerda que todo lo que no se puede conocer ni fiscalizar es, por definición, susceptible de abuso”, añade. Y denuncia que la normativa española presenta “vacíos legales que facilitan el uso de este tipo de software espía sin una adecuada supervisión”. Concretamente, alude a la Ley sobre el control judicial previo del CNI y la Ley de secretos oficiales. Las reformas de ambas leyes, impulsadas por el PNV, se están tramitando en el Congreso, pero continúan paralizadas por el PSOE.