Hazte Oír intensifica su ofensiva contra Begoña Gómez. El sindicato ultra ha presentado la tercera ampliación de su querella contra la mujer del presidente del Gobierno poniendo la lupa en Globalia, en los rescates del Gobierno a diversas empresas del grupo y en las prórrogas y modificaciones del contrato público Expediente 54/17, que el Ministerio de Industria que encabezaba Reyes Maroto adjudicó a Globalia Corporate Travel (posteriormente Sekai Corporate Travel). El abogado de Hazte Oír, Javier María-Pérez Roldán, esgrime que este contrato público y sus prórrogas y modificaciones presentan “serios indicios de poder ser irregulares”. Para la acusación popular, la ampliación abre la vía a que el juez Juan Carlos Peinado “vuelva a citar a Begoña Gómez como investigada, así como a Javier Hidalgo como testigo por primera vez”.

Pide citar a Reyes Maroto como testigo

HazteOír pide una serie de nuevas diligencias, entre las que destaca la petición de que se cite a declarar como testigo a Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo entre 2018 y 2023. El escrito del sindicato ultra pide tener en cuenta su “presencia” en los actos de la Organización Mundial del Turismo en San Petersburgo en 2019, en los que coincidió con Begoña Gómez y con Javier Hidalgo, el CEO de Globalia. Asimismo, señalan que su ministerio fue el adjudicatario en el Expediente 54/17.

Los correos entre Hidalgo y Gómez y los vuelos a República Dominicana

Además, entre otra documentación, Hazte Oír solicita que la UCO de la Guardia Civil recabe los correos electrónicos entre Javier Hidalgo y Begoña Gómez de enero de 2018 a mayo de 2022 y la información respecto a los vuelos realizados por aviones oficiales a República Dominicana, “uno de los países de gran interés empresarial para el Grupo Globalia/Air Europa”, desde la llegada de Sánchez a la Moncloa. También quiere disponer de todos los detalles sobre las “reuniones o encuentros” en las que hayan participado Pedro Sánchez y/o Begoña Gómez con Carlos Barrabés, Javier Hidalgo, Zurab Pololikashvili (secretario general de la OMT) y Joaquín Goyache Goñi. Finalmente, pide los contratos y borradores de contratos entre Wakalua Hub y la Organización Mundial del Turismo, el Grupo Barrabés, Innova Next, Globalia y el IE Africa Center.

 

Cinco nuevos testigos más

En el capítulo de testigos, Hazte Oír también pide al juez Peinado que cite a declarar otras cinco personas:

  • Núria Vilanova, presidenta del Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI). El pseudosindicato señala que en el V Congreso de CEAPI, que tuvo lugar en República Dominicana, “acudió Begoña Gómez y Reyes Maroto intervino a través de vídeo en el acto de bienvenida del Congreso”.
  • Juan Arrizabalaga, contratado en septiembre de 2018 como director general por Globalia y que fue cesado de su puesto en 2019, fechas en las que Hazte Oír considera “clave tener conocimiento pleno de la gestión del Grupo Globalia”.
  • Felicia Appenteng, directora general del IE Fundación y presidenta del IE Africa Center.
  • Juan Ignacio Díaz Bidart, que fue CEO de Enisa, una empresa pública dependiente de Industria que “sufragó” las jornadas Mañana empieza hoy de Carlos Barrabés en IFEMA en 2019, 2020 y 2021. Además, fue “profesor asociado de Economía en la Universidad Carlos III entre 2006 y 2018, donde conoció a Reyes Maroto, que le nombró jefe de Gabinete en junio de 2018”.
  • José Bayón, que fue presidente de ENISA y ahora dirige la Escuela de Organización Industrial (EOI).

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, querellados contra el juez Juan Carlos Peinado

El nuevo movimiento de Hazte Oír llega pocos días después de que tanto Pedro Sánchez como Begoña Gómez se querellaran, por separado, contra el juez Juan Carlos Peinado. El presidente español, que se acogió a su derecho de no declarar como testigo ante el magistrado, presentó una querella por prevaricación ante el “atropello” a sus derechos. El escrito, registrado por la Abogacía del Estado, censuraba la “delimitación abstracta” del caso que está haciendo Peinado y lo acusaba de dictar resoluciones “injustas” que “despojan de garantías” la presidencia del Gobierno. Por su parte, Gómez se querelló por prevaricación y revelación de secretos, denunciando que se ha producido una “filtración constante de los documentos y actuaciones del proceso judicial” que ha causado “indefensión” y un “grave perjuicio del derecho de defensa”.