Instantes antes de la votación de la reforma laboral, en el patio del Congreso, un dirigente socialista lo admitía sin ambages: "Alguna vez me han dicho que estos de UPN son de centro... No, no, son de derechas. Muy de derechas". Los tenía bien fichados, él mismo había ayudado a conseguir sus dos votos favorables a cambio de no reprobar al alcalde de Pamplona. Lo que no calibraron tan bien es que, además de ser "muy de derechas", Sergio Sayas y Carlos García Adanero se rebelarían y los dejarían con el culo al aire, engañándoles a ellos pero también a los periodistas parlamentarios. El error de cálculo estuvo a punto de acabar con el proyecto estrella de Yolanda Díaz. Pero la justicia poética hizo que un diputado del PP por Cáceres se equivocara en la votación telemática y acabara derogando... la reforma laboral del PP.

El primer aviso a navegantes: la que realmente estuvo a punto de ser derogada fue la reforma laboral de Yolanda Diaz. O lo que es lo mismo: los experimentos acostumbran a salir mal. Fue una carambola irrepetible la que lo impidió. Atado de pies y manos por la patronal, el Gobierno no aceptó tocar una sola coma del texto. Ni siquiera tramitarlo como proyecto de ley para debatirlo en más profundidad. Ante este portazo, La Moncloa optó por buscar una mayoría alternativa a la de sus socios habituales (ERC, PNV y EH Bildu). Félix Bolaños ató a Ciudadanos y otros grupos pequeños mientras Santos Cerdán hizo lo mismo con la dirección de UPN (a espaldas de los dos diputados). El proyecto estrella de la legislatura ha acabado salvándose con un voto erróneo; con una mayoría que directamente no existe. Por el camino ha dejado tocada la que sí que existe. Los republicanos no esconden su profundo malestar y hablan de "momentos muy desagradables", como cuando Yolanda Díaz les llamó para echarles la bronca después de la rueda de prensa conjunta con la CUP, EH Bildu y el BNG.

Lo que pasó durante la víspera del debate en el Congreso de los Diputados es un buen "resumen" de la negociación. El miércoles a las siete de la tarde, cuando no acababan de salir los números, el equipo de Yolanda Díaz volvió a descolgar el teléfono para llamar a Gabriel Rufián. Le decía que le enviaba un coche y le convocaba a una supuesta reunión en el Ministerio de Trabajo con el ministro Félix Bolaños. Hasta aquí la coincidencia en las versiones. Según los republicanos, el portavoz de ERC, que no entendía nada, llamó al titular de la Presidencia para saber si se habían movido en algo. Y Bolaños, que tampoco entendía nada, le respondió que no. Rufián declinó la oferta porque era una pérdida de tiempo. En cambio, desde el entorno de la vicepresidenta segunda aseguran que les plantó y que ni siquiera quiso escuchar ofertas. Una síntesis de lo que han sido estas conversaciones.

Los republicanos ni siquiera quieren utilizar el término "negociación". Constatan como sí que había ofertas del Ministerio de Trabajo --muy poco ambiciosas-- pero que, cuando después preguntaban al PSOE, les insistían en que no habría cambios de la reforma laboral, ni en el decreto ni a posteriori. Eran ofertas unilaterales negadas por el socio mayoritario. Este no es el único handicap: todo aquello que pactaran no lo podrían hacer público y tendrían que esperar, como mínimo, hasta pasadas las elecciones de Castilla y León. Todo esto en medio de una gran campaña de presión de Díaz, que iba difundiendo lo que los republicanos rechazaban. "Nos ha llamado incluso el conserje de Podemos", ironiza un dirigente republicano. En cambio, por parte de los socialistas, "ninguna presión".

El Ministerio de Trabajo sostiene que sí que ha habido ofertas serias que el PSOE acabaría firmando, pero que eran ignoradas por ERC y quedaban sin respuesta. De hecho, en distintos momentos de la negociación, el equipo de la vicepresidenta segunda ha amenazado con hacer públicos los documentos para retratar a los republicanos. "El PNV se puso las manos en la cabeza cuando supo lo que habían rechazado", aseguran fuentes del entorno de Díaz, que el miércoles también se reunió con los jeltzales en su despacho. Hay disparidad de versiones sobre lo que se llegó a ofrecer, desde la prevalencia de los convenios autonómicos por encima de los estatales hasta el reforzamiento de las inspecciones de trabajo.

Estas semanas de "negociaciones" para algunos y de "conversaciones" para otros han dejado muchas heridas en las relaciones de ERC con el Gobierno, especialmente con Unidas Podemos y los comunes. Tampoco ha ayudado al chantaje de La Moncloa, que esta misma semana ha conseguido aprobar la mascarilla en exteriores (que decaerá el jueves) colando, en el mismo decreto, la "paguita" para los jubilados con las pensiones más bajas. Sea como sea, pantalla pasada. Todas las partes coinciden en que se han hecho daño y que ahora toca "reconstruir" el bloque de izquierdas y plurinacional. Lo aseguran tanto desde el PSOE y Unidas Podemos como desde de ERC, el PNV y EH Bildu. "Tendremos que dejar pasar los días y volver a hablar. La alternativa es la que es", admitía, entre pasillos, un diputado republicano el mismo jueves del choque. Ya lo advertía Pablo Iglesias después de la polémica votación: "Es una trampa".

La derecha sin escrúpulos

El segundo aviso a navegantes: la derecha no tiene escrúpulos. No los tiene a la hora de animar a los empresarios ganaderos a asaltar violentamente el Ayuntamiento de Lorca. No los tiene a la hora de comprar unos votos ya negociados y pactados, como es el caso de Unión del Pueblo Navarro. Y no los tiene a la hora de montar campañas de desinformación. Ya lo hicieron con las declaraciones (falsas) del ministro Alberto Garzón sobre la ganadería española. Y lo están haciendo ahora con el supuesti "pucherazo" –término que primero utilizó Vox y después Pablo Casado- aprovechando el error de un diputado suyo por Cáceres. Ya han amenazado con llevarlo al Tribunal Constitucional, donde las mayorías son las que son. No sería la primera sorpresa después de dos estados de alarma tumbados por inconstitucionales. De momento, un tribunal ordinario ya ha abierto diligencias de investigación.