La Agencia Tributaria ha confirmado que el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, tributa en Portugal a pesar de que trabaja para la Diputación de Badajoz, pero ha descartado que eso suponga ningún delito contra la Hacienda Pública. Así lo ha explicado en un informe remitido al Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz, que investiga al hermano del presidente español por presunto delito de malversación después de que el sindicato ultra Manos Limpias lo denunciara. Según ha adelantado El Debate, el informe indica que el hermano no ha residido en el territorio español durante más de 183 días el 2021, 2022 y 2023, de manera que se considera que no es residente fiscal en España desde hace cuatro años. En este sentido, la AEAT apunta que "la residencia fiscal en Portugal, fijada en la normativa interna de ese país, no es incompatible con la condición de empleado público de la Administración española".
El informe explica que Portugal y España tienen un convenio que prevé que "las remuneraciones pagadas por un estado contratante o una de sus entidades locales a una persona física en razón de servicios prestados a este estado o entidad, solo pueden someterse a imposición de aquel estado, aunque resida en el otro estado". El pago de impuestos, sin embargo, no se hace a través del IRPF, sino del impuesto sobre la renta de no residentes (IRNR). Por otra parte, la Agencia Tributaria ha constatado que el músico no tiene una residencia en el territorio español desde julio del 2020, y que el único inmueble de su propiedad, situado en Madrid, está alquilado a terceros. Con toda la información obtenida, el organismo concluye que "no puede deducirse la existencia de delitos contra la Hacienda Pública".
El juez rechaza el recurso de David Sánchez
El juzgado que investiga a David Sánchez, ha desestimado la petición de anulación de la investigación de los correos electrónicos requisados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en la Diputación de Badajoz, donde el investigado, conocido también por el nombre artístico David Azagra, trabaja desde hace siete años como director de la Oficina de Artes Escénicas. Su abogado, Emilio Cortés, había pedido la anulación de este procedimiento porque entendió que la intercepción de los correos, que la policía hizo en un registro en la Diputación, lesionaba el secreto de las comunicaciones. El juez ha rechazado esta petición y ha afirmado que la medida es "absolutamente idónea a las finalidades pretendidas" y ha considerado que "la afectación al derecho del entorno digital de los afectados es mínima, ya que únicamente afecta a las comunicaciones hechas a consecuencia del ejercicio de su función laboral y con respecto a un procedimiento concreto".