La inmigración es una de las carpetas que hay sobre la mesa de la agenda pública. Casi uno de cada tres españoles sitúa la inmigración como el principal problema del Estado según el Centro de Estudios Sociológicos (CIS), mientras que un 8% de los encuestados catalanes ve esta carpeta como la principal problemática del país, según el Centro de Estudios de Opinión (CEO). Por eso, Junts per Catalunya ha establecido una hoja de ruta sobre la inmigración en su ponencia de Model de País que se tiene que aprobar en el Congreso del partido que se tiene que celebrar los días 25, 26 y 27 de octubre en Calella. El redactado, escrito por Salvador Vergés, Victòria Alsina, Damià Calvet, Ennatu Domingo, Anna Erra, Òscar Fernàndez, Josep Pagès, Eduard Pujol, Carme Renedo, Neus Torbisco y Jordi Ficapal, hace un análisis de la situación migratoria de Catalunya y establece hasta 15 acciones a llevar a cabo.
Y es que el partido de Puigdemont quiso impulsar esta carpeta ante el reto demográfico y migratorio que tiene que afrontar Catalunya. "Hace falta que entre todos construido el sueño catalán", dice la ponencia, imitando el famoso lema norteamericano del "sueño americano". Los juntaires ya pusieron sobre la mesa esta carpeta con la delegación integral de las competencias de inmigración acordada en enero del 2024 con el PSOE a cambio de su voto a favor en varios decretos ley del Gobierno. Aunque este pacto todavía se tiene que acabar de concretar, Junts ya hace meses que se quiere hacer suya la gestión de la inmigración. "Tenemos la tasa de inmigración más alta de toda la Península, el 16,2%, más de dos puntos por encima de la de Madrid, y no tenemos competencias ni recursos para gestionarla": esta es una frase del 5 de septiembre del 2023 del presidente Puigdemont en su conferencia en Bruselas que sirvió para concretar las condiciones de Junts para negociar el apoyo del partido a la investidura de un Gobierno.
Los datos que Junts pone sobre la mesa
El punto 1 de la ponencia, que son las conclusiones de la Convención Nacional sobre inmigración presidida por la exconsellera Victòria Alsina e impulsada el pasado enero, ponen de relieve que Catalunya "es y será un país de inmigrantes". De hecho, lo argumenta con varios datos. Según el Idescat, de los 8 millones de catalanes, uno de cada cinco (un 22,4%) son nacidos en el extranjero. Pero si sumamos a los residentes provenientes del resto del Estado (un 14,6%), los catalanes nacidos fuera de Catalunya son ahora mismo más de un tercio de la población (un 37%).
También recuerdan que el Centro de Estudios Demográficos pronostica que, si la tendencia no cambia, con un aumento de unas 110.000 personas al año, se podría ganar un millón más de habitantes en la próxima década. Asimismo, recuerdan que un estudio del Centro de Estudios Demográficos nos muestra que son mayoritariamente de origen latinoamericano (un 44,8%), bastante por encima del 22,1% de origen europeo, del 20,8% de origen africano o del 11,3 % de origen asiático.
"La supervivencia de la catalanidad está en riesgo"
Los juntaries también recuerdan que la tasa de fecundidad en Catalunya es estructuralmente baja, ya que actualmente nacen 1,1 hijos por mujer. Eso, según ellos, obliga a las administraciones catalanas a acoger a más inmigrantes "para mantener un nivel de crecimiento económico saludable y un estado del bienestar potente". Sin embargo, el acogimiento de inmigrantes también genera unos "desafíos" que "van desde la gestión de un territorio más poblado hasta la cohesión social de una población cada vez más diversa". "La necesidad de vivienda, el consumo mayor de agua en un contexto de sequía, la tensión sobre una sanidad saturada por la escasez de recursos, el aumento de la demanda de transporte público y prestaciones sociales, la gestión de la complejidad en las aulas y la necesaria redistribución de la población en el territorio serían buenos ejemplos", aseguran desde el partido de Puigdemont.
Con todo, consideran que la falta de instrumentos políticos y recursos económicos para planificar y ordenar correctamente la llegada, la acogida y la integración de un elevado número de personas puede generar "conflictos importantes de cohesión social". "El problema no es la inmigración, sino la falta de herramientas para gestionarla", subrayan a los ponentes, que alertan como la llegada de un volumen importante de personas que no hablan catalán "supone un reto añadido que no tienen que afrontar los estados independientes". "Si no conseguimos cohesionar toda la ciudadanía de Catalunya en torno a nuestra lengua, la supervivencia de la catalanidad está en riesgo", avisan desde Junts, que sitúan la lengua, los valores y la cultura para tener una sociedad estructurada. Sin embargo, también remarcan que "hay que hacerlo entendiendo en todo momento que es necesario y positivo mantener un esquema de identidades múltiples" y acompañado de "políticas públicas justas, razonables y explicables". De hecho, Junts per Catalunya propone ligar la idea de ser catalán no solo a una cultura y una lengua de obligado conocimiento – que lo tiene que ser-, sino también a una "serie de valores cívicos" que caracterizan a nuestra sociedad, hija de la Revolución Francesa y de la Ilustración.
Un marco de derechos y deberes desvinculados de los hechos delictivos
Por eso, Junts propone todo uno junto de acciones para coger la problemática migratoria en un marco de derechos y deberes, y desvinculándolo de la multirreincidencia y los hechos delictivos -Junts, en la misma ponencia, dedica un capítulo aparte sobre este tema-. Un ejemplo que exponen es el derecho a acceder a clases de catalán gratuitas en todas las franjas horarias cada día a la semana y el deber de aprenderlo y acreditarlo en un periodo de tiempo razonable, así como, de cara a la sociedad catalana, el derecho a poder siempre ser atendido en catalán o el deber de no cambiar automáticamente de idioma.
Las acciones que propone Junts:
- Aprobar la ley orgánica de delegación de todas las competencias de inmigración, así como los recursos pertinentes, a la Generalitat de Catalunya. La ley orgánica, pactada con el PSOE el pasado enero y que todavía se tiene que definir a pesar de los tira y aflojas públicos entre Junts y el ministro del Interior, Grande-Marlaska, apuntan que tendrá que ir acompañada de una ley al Parlament de Catalunya que despliegue las competencias. "La administración de referencia para todas las personas que llegan tiene que ser la Generalitat de Catalunya y la policía de referencia el Cuerpo de Mossos d'Esquadra", apuntan.
- Promover la creación de una Agencia Catalana de Inmigración: El objetivo sería crear este ente para gestionar de manera integral todos los aspectos relacionados con la fijación de cuotas, condiciones de llegada, acogida e integración de los recién llegados. "Tiene que ocurrir la pieza clave de apoyo y coordinación con el mundo local, además de convertirse en la ventanilla única en relación con la gestión de la inmigración, tanto con respecto a las personas recién llegadas como para las empresas que quieren contratarles", aseguran.
- Promocionar políticas activas de integración para los catalanes de origen extranjero que ya hace años que viven en Catalunya. "Es imprescindible asegurar que conozcan la lengua y cultura del país, su sistema político, sus derechos de participación, los servicios de que disponen y los deberes y responsabilidades que les son atribuibles," proponen desde Junts.
- Junts propone la creación de una Mesa para la convivencia y la cohesión social al conjunto de municipios donde haya una presencia importante de comunidades de catalanes de origen extranjero. Lo promocionarán allí donde tengan alcaldía o la concejalía competente, con el fin de integrar en la toma de decisiones a los inmigrantes.
- Incrementar la oferta de cursos para aprender catalán y para establecer un sistema de bonificaciones fiscales en las empresas que ofrezcan clases de catalán durante la jornada laboral.
- Impulsar políticas activas de inmigración con el fin de atraer los perfiles profesionales que necesita el mercado laboral catalán, sea atrayente estudiantes o facilitando contrataciones en origen.
- Acelerar los procesos de homologación de los títulos universitarios y que sean tan transparentes como sea posible.
- Promover la creación de un centro de interpretación de las migraciones catalanas que trabaje para preservar y divulgar la memoria histórica de la inmigración en Catalunya.
- Potenciar la diversidad y la realidad social en el 3Cat incorporando perfiles de personas de origen extranjero.
- A través de varios mecanismos de colaboración público-privada y publicosocial, diseñar programas de acogida e integración en que las entidades del tercer sector vinculadas con el ámbito cultural o deportivo jueguen un rol clave, como hacer castillos, jugar en equipos de fútbol o hacer teatro.
- Impulsar acciones formativas en Lengua de Signos Catalana (LSC), garantizar la accesibilidad comunicativa en servicios de acogida e Incluir la perspectiva de discapacidad en el Pacto Nacional de acogida.
- Luchar erradicar el racismo, la xenofobia y el tráfico de personas en Catalunya, desde la formación y la información para todo el mundo.
- Seguir reclamando que las solicitudes de asilo sean tratadas con transparencia y trabajando coordinadamente con el resto de administraciones con el fin de desplegar el dispositivo necesario para la primera acogida y el soporte posterior.
- Promover un Pacto Nacional para la acogida y la integración con el fin de adecuar las actuales políticas de la Generalitat y de los ayuntamientos en estos ámbitos al modelo catalán de ciudadanía que propone Junts per Catalunya y que está basado en el establecimiento de una serie de derechos inclusivos y deberes claros. Desde Junts dejan claro que hay que crear un "marco de derechos y deberes que cree también un marco cívico que vaya más allá de la lengua y la cultura". Eso implicaría, entre otros, establecer un criterio homogéneo sobre los derechos y los deberes que se desprenden de estar empadronado en un municipio, fijar unas directrices que permitirían reordenar mejor las políticas de acogida e integración —incluidas las ayudas sociales— y promover más mecanismos de colaboración público-privada con las empresas, las entidades sociales y el resto de actores en esta materia. En el ámbito lingüístico, por ejemplo, dos elementos centrales para los recién llegados serían el derecho a poder acceder a clases de catalán gratuitas en todas las franjas horarias cada día de la semana o el deber de aprenderlo y acreditarlo en un periodo de tiempo razonable.
- Que las voces de los "nuevos catalanes" se incorporen en todos los proyectos de construcción nacional y normalizar la participación.
Todo está por ver con el acuerdo entre Junts y el PSOE sobre la delegación integral de las competencias de inmigración, y es que a mediados de septiembre el ministro del Interior, Grande-Marlaska, casi hace saltar por los aires el acuerdo entre los socialsites y los juntaires al asegurar que "las competencias de control de fronteras y de inmigración son una competencia exclusiva del Estado y del gobierno [español], y no son susceptibles de ser transferidas". Eso fue inmediatamente respondido por el secretario general de Junts, Jordi Turull, quien aseguraba que el ministro no "está informado del acuerdo".