El exconseller y diputado del PDeCAT en el Congreso Francesc Homs ha anunciado que recurrirá ante el Constitucional la inhabilitación de un año y un mes a que ha sido condenado y que pedirá al alto tribunal la suspensión de la ejecución de la pena hasta que decida sobre este recurso de amparo. En cualquier caso, ha dejado claro que seguirá yendo al Congreso hasta el último momento. "Hasta que no se me despoje del acta diputado soy diputado", ha sentenciado.
Homs ha asegurado que hay precedentes de casos en que se ha suspendido la ejecución de la pena hasta conocer la posición definitiva del TC. Por esta razón, ha asegurado que no hará ningún otro movimiento antes de que se adopte una decisión definitiva, "ellos sabrán cómo y de qué manera".
El Tribunal Supremo ha hecho pública hoy la condena de un año y un mes de inhabilitación y 30.000 euros de multa por la participación de Homs en la consulta del 9-N. El exconseller ha comparecido en la sede del PDeCAT esta noche acompañado de sus compañeros de gabinete también condenados por el 9-N Artur Mas y Irene Rigau, así como la coordinadora del partido, Marta Pascal, las conselleras Neus Munté y Meritxell Borràs y diputados de Madrid.
Al igual que han hecho Mas y Rigau, el diputado en el Congreso ha dejado claro que tiene intención de emprender todos los recursos posibles hasta llegar a instancias europeas. Por esta razón, a pesar de mostrar su escepticismo sobre el resultado, ha explicado que tiene que pasar por la "ventana del TC".
Sentencia política
Homs ha insistido en que la suya es una sentencia política, que ha tildado de error y absurdidad. "Se me condena por mis ideas y eso no es propio ni de un estado de derecho ni de un estado democrático", ha advertido.
Ha argumentado sus palabras destacando que el tribunal lo culpa de haberse sumado "a un desafío que afecta a las bases mismas del sistema constitucional". "Y eso es un juicio político. Demuestra que el Estado ha perdido", ha remachado.
Invita a inhabilitar a Rajoy
No obstante, después de subrayar que la decisión del Supremo fija doctrina y deja claro que en un conflicto de competencias entre una administración autonómica y el Estado puede haber consecuencias penales, ha invitado a presentar querellas contra el presidente, Mariano Rajoy.
"Se puede inhabilitar a Rajoy porque es el rey, el número uno, en incumplimientos de sentencias del TC," ha ironizado.
