El Institut Català de Finances (ICF) ha entregado a los abogados de los 29 altos cargos del Govern que se han acogido al Fondo Complementario de Riesgos los avales que han de presentar al Tribunal de Cuentas. Se trata de avales individuales con un importe que se corresponde casi con los 5,4 millones que reclama el órgano fiscalizador a raíz de los gastos de la Generalitat en política exterior entre 2011 y 2017. Cuatro personas han presentado sus propios avales.

El Tribunal de Cuentas desestimó ayer la petición del conseller de Economia, Jaume Giró, para disponer de 15 días más para formalizar los avales, pero ha aceptado dar dos días más para completar los trámites.

Reunión dura del ICF

El consejo de gobierno del ICF aprobó anoche los avales en una reunión "dura", según fuentes de los asistentes, y después de la tensión entre los socios de Govern, que todavía hoy se responsabilizan mutuamente de haber parado esta vía prevista en el decreto ley del Fondo Complementario de Riesgos que el Consell Executiu había aprobado el 6 de julio.

Ayer mismo por la noche se hizo el traspaso de dinero desde el Fondo Complementario de Riesgos, que está dotado con 10 millones, al ICF para formalizar la operación. No obstante, faltaba un trámite notarial que impidió cerrar el procedimiento antes de las 12 de la noche, como imponía el Tribunal.

33 de los 34 afectados

Con los dos días de margen que ha aceptado el Tribunal de Cuentas, los afectados podrán concluir los trámites. El órgano fiscalizador ha confirmado que, aparte de los 29 miembros del Govern que se han acogido a los avales del ICF, cuatro más han presentado sus propios avales. Son 33 de los 34 cargos afectados.

A partir de ahora, el Tribunal de Cuentas tendrá que decidir si acepta los avales del ICF, que están apoyados por el decreto ley del Govern. Paralelamente, el próximo jueves está previsto que el Consell de Garanties Estatutàries haga público su informe en relación con este decreto, y que a partir de aquí, sea ratificado la próxima semana por el pleno del Parlament.

 

En la imagen principal, la fachada del Tribunal de Cuentas / Europa Press