El día siguiente que el Congreso aprobara con el apoyo de todos los grupos menos Vox que sea el Defensor del Pueblo, el socialista Ángel Gabilondo, quien lidere las investigaciones sobre los abusos de la Iglesia católica española, la conferencia episcopal del Estado ha reconocido a 506 víctimas más que han denunciado su caso en los últimos dos años.  Hoy han confirmado que no participarán directamente de la comisión de investigación y, como ya habían avanzado, será el bufete Cremades & Calvo-Sotelo quien lidere las relaciones con las víctimas y los poderes públicos. Lo ha anunciado el portavoz de la institución, Luis Argüello, que ha señalado que aunque rechazan participar, la iniciativa que se ha aprobado en las últimas horas es "más respetuosa" con las víctimas de sus abusos que la que planteaban Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, que acabaron votando a favor de la proposición no de ley del PSOE y PNV. Esta también contó con el apoyo del PP a pesar de que habían rechazado esta propuesta, ya que no querían que se centrara únicamente en los abusos en instituciones religiosas.

De esta manera, los obispos han declinado, en principio, participar de manera directa en la comisión de investigación: "Tenemos que conocer la propuesta real que nos quieran hacer". "Creemos que es importante que se respete el ordenamiento jurídico, pero si se nos pide una colaboración explícita, lo valoraremos", ha remarcado Argüello. En este sentido, ha querido dejar bien claro que la Iglesia no es una administración pública y, por lo tanto, se escapa de este control del Defensor del Pueblo. Ahora bien, aunque no se quieran implicar directamente en esta comisión, han recordado que la "colaboración de la institución en la investigación de los casos está fuera de duda": "Queremos que brille la verdad", ha enfatizado, recordando que uno de sus objetivos es "apartar a las personas que quede demostrado que son indignas".

Proceso de formación

Sobre estas 506 nuevas víctimas, el portavoz de los obispos ha explicado que las 202 oficinas que tienen repartidas por todo el territorio español para que las víctimas puedan denunciar los abusos, "nos han permitido conocer de cerca el drama de 506 personas a los que queremos ofrecer reconocimiento y reparación". Argüello ha detallado que algunos de estos casos ya los conocían y habían tenido un recorrido en el ámbito civil y canónico, otros se han denunciado recientemente a las oficinas o medios de comunicación, y 103 corresponden a víctimas que ya han muerto. En estos casos, desde la Conferencia Episcopal han querido aclarar que los investigarán "independientemente de si han prescrito o si las víctimas han muerto". Hay que tener en cuenta que esta cifra duplica las 202 que reconocieron hace un año, la primera vez que puso cifras a esta problemática después de muchos años de exigencias.

Según ha detallado el representante de los obispos, la idea es investigar en curas, presbiterios, religiosos ordenados, otros que todavía no lo han sido, "hermanos" o laicos que trabajen en el seno de la Iglesia: "Todos los que hayan sido denunciados". Además, ha remarcado que desde la institución se está haciendo un "proceso de formación" para evitar que los abusos se vuelvan a repetir y evitar que "decenas de miles de personas que entregan su vida a la actividad educativa, misionaría o catequética  estén permanentemente bajo sospecha y no se pueda decir que somos un lugar|sitio inseguro para|por niños, adolescentes o jóvenes".

Malestar por los bienes inmatriculados

Sobre la reunión entre Félix Bolaños y Joan Josep Omella, presidente de la Conferencia, el portavoz ha explicado que Bolaños los informó del acuerdo para|por la comisión de investigación, mientras que el obispo de Barcelona le trasladó su malestar con la manera en que se gestionó la reunión con Pedro Sánchez sobre los bienes inmatriculados: "Nos molestó la manera en que el Gobierno gestionó mediáticamente la reunión. Ofrecemos colaboración, pero desde las dos partes", ha advertido Argüello.