Primer paso para resolver el contencioso por los bienes inmatriculados por la Iglesia y que no le pertenecían. La Conferencia Espiscopal Espanyola (CEE) admite que no le corresponde la titularidad de un "millar" de inmuebles que registró y se abre a devolverlos. El acuerdo se ha sellado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el presidente de la CEE, el cardenal Joan Josep Omella, en la reunión que han mantenido este lunes. Estas propiedades pudieron ser registradas entre los años 1998 y 2015 gracias a la reforma de la ley hipotecaria por parte del gobierno de José María Aznar, que exigía sólo una certificación eclesiástica de dominio para la inmatriculación. Estudios com los de la Generalitat han ido mucho más allá.
Este acuerdo llega después de que el pasado agosto, en una reunión entre Omella y el ministro Félix Bolaños, se constituyera una comisión de diálogo y trabajo entre las dos instituciones para estudiar los bienes inmatriculados por la Iglesia Católica. En el comunicado conjunto emitido hoy se explica que la Conferencia Episcopal ha hecho un "estudio exhaustivo" a partir del listado remitido por el Gobierno "a través de consultas oportunas realizadas en las diócesis" y la verificación de cada uno de los bienes mencionados en el listado. Han salido 965 de los más de 34.000 que la Iglesia Católica registró entre los años 1998 y 2015, sin tener en cuenta la dictadura franquista.
"El análisis realizado por la Iglesia de esta lista, en el marco de la Comisión mencionada, ha revelado un conjunto de bienes que la Iglesia considera que pertenecen a uno tercero o no le consta su titularidad sobre este", señala el comunicado, que apunta que se trata de "un millar aproximado de bienes, cuyos datos han sido facilitados al Gobierno" por parte de la CEE. Según el listado, la mayoría de estos bienes son fincas (502 fincas rústicas y 151 fincas urbanas). Pero también hay 179 lugares de culto, 98 viviendas y 28 cementerios. Quedan fuera grandes monumentos como la mezquita de Córdoba o la catedral de Sevilla.
A partir de aquí, el Gobierno pone en marcha el procedimiento para su recuperación para que sus legítimos propietarios puedan reclamarlos. El ejecutivo central pondrá en conocimiento de las entidades locales y de los registros esta información para que se puedan "iniciar los procesos de regularización que pudieran corresponder". Por su parte, la Conferencia Episcopal Española "manifiesta su compromiso de colaboración con el fin de facilitar estos procesos".
Desde La Moncloa subrayan que, durante el encuentro, "el Gobierno ha agradecido la disposición de la Conferencia Episcopal en el estudio de catalogación de los bienes, así como el trabajo realizado por la Comisión de Inmatriculaciones, al tiempo que ha destacado el buen diálogo que mantienen ambas instituciones". Desde Ferraz, el portavoz de la ejecutiva del PSOE, Felipe Sicilia, se ha mostrado "satisfecho" por el "primer acuerdo" entre la Iglesia y el ejecutivo, que "se sienta, habla, dialoga y llega a acuerdos".
Una lista mucho más larga
En julio de 2020, a instancias del Parlament de Catalunya, la Generalitat publicó un estudio sobre la inmatriculación de bienes inmuebles a favor de la Iglesia católica en Catalunya. Este informe concluía que el certificado de dominio "no es un título" y que "no suple el título adquisitivo de la finca". E instaba a las administraciones a “hacer pública la información relativa a estas inmatriculaciones porque se deben a las decisiones que adoptan los Parlamentos correspondientes y por otros imperativos democráticos evidentes, como los relativos a la obligación legal de actuar con transparencia y facilitar el acceso de la ciudadanía a la información pública”. En este sentido, hizo público un listado de 3.722 propiedades registradas por la Iglesia en en Catalunya de forma indebida entre 1946 y 2015, sin probar su titularidad. La lista es mucho más larga porque tiene en cuenta la dictadura franquista.