Vuelve. El exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias ha vuelto a pedir las dimisiones tanto de la ministra de Defensa, Margarita Robles, como del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por el CatalanGate. Quien fue líder de Podemos ha recordado este lunes en una tertulia de Rac1 que "solo hay dos opciones" para los dos ministros socialistas: "Una depuración inmediata (de responsabilidades) y, si no son capaces de asegurar esta depuración del estado profundo, dejar su cargo". "Simplemente, por una cuestión de honor", ha concluido Iglesias, que desde que estalló el escándalo del espionaje con Pegasus ha sido muy activo con el tema. Por ejemplo, entrevistó en su podcast La Base a algunos de los líderes políticos espiados: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Arnaldo Otegi.
El exvicepresidente del Gobierno sabe de qué habla, ya que tanto él como su partido también han sido víctimas de la guerra sucia del Estado. Así pues, Iglesias ha dicho que "no es descartable que Robles y Marlaska no supieran que había subordinados suyos espiando". "Pero en este caso, si estos fueran elementos del Estado actuando sin mandato judicial y sin el conocimiento de sus jefes, que son una ministra y un ministro, entonces ya solo hay dos opciones para estos dos ministerios", ha señalado.
¿Cuáles son estas dos opciones? La primera es "una depuración inmediata": "Esta gente no puede vestir el uniforme, no puede seguir dentro del Estado y tiene que ser relevada inmediatamente, sin perjuicio de las consecuencias judiciales que pueda tener después la investigación que se lleve a cabo por autoridades judiciales europeas o del Estado". Y la segunda es la de las dimisiones: "Si no son capaces de asegurar esta depuración del estado profundo, no les queda más remedio que dejar su cargo".
A raíz de estas declaraciones, el exlíder de Podemos ha tuiteado que "es inverosímil que se haya espiado a 60 personas con autorización judicial". "También lo es que no hayan sido efectivos del Estado", ha añadido. Así pues, "Robles y Marlaska tienen que aclarar si lo sabían o no y asumir las consecuencias si sus subordinados actuaron contra la ley". De momento, no se ha investigado nada. El Gobierno se ha limitado a prometer un "control interno" del CNI, acompañado de la supuesta constitución de la comisión de secretos oficiales en el Congreso de los Diputados.