"Ahora lo que se quiere es que rueden cabezas y se haga justicia". Estas palabras no las dice una periodista a primera hora de este viernes por la mañana, cuando ya ha pasado más de una semana de la DANA que ha destrozado el País Valencià, las dice una bióloga, una amiga del País Valencià que está presenciando la desgracia que sufre su 'terreta' y la guerra política por la DANA. La gestión política por la DANA es una patata caliente: el presidente valenciano, Carlos Mazón, culpa el Gobierno y viceversa y, mientras tanto, alza la voz la consellera de Justicia e Interior de la Generalitat valenciana y no, no lo hace para admitir nada. Este jueves, Salomé Pradas, admitió que fue un técnico quien informó a las autoridades del Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) el 29 de octubre a las ocho de la noche de la existencia de un sistema de envío masivo de alertas en los teléfonos móviles de la ciudadanía, equivaliendo al que Protección Civil de la Generalitat de Catalunya utiliza para informar de emergencias a la población. En otras palabras, Pradas desconocía la existencia de un sistema de alerta masiva para móviles. La portada de El País se hace eco de este sorprendente desconocimiento de la titular de justicia valenciana al mismo tiempo que recuerda que "el País Valencià había presentado el ES-Alert en el 2022 y estaba activo" y subraya que la "Generalitat valenciana desdeñó los avisos de la AEMET, alcaldes, el 112 y la Confederación del Júcar."
En la misma línea, El Mundo, parece que también empieza a cuestionar el presidente valenciano y relata cómo, el martes 29, el Centro de Coordinación de la crisis de la DANA era un desbarajuste: "El operativo ignoró la crecida letal durante 3 horas: 'Era un caos total'", titula el rotativo. El diario relata que la "obsesión" por controlar una presa desvió toda la atención de la rambla que causó a las víctimas mortales y añade que a las 17:25 h la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) detectó un aumento del caudal en el barranco del Poyo, pero no informó "porque dice que no vigila los barrancos". De hecho, eso último, es la versión del ministerio de Transición Ecológica, el cual asegura que "nadie de la generalidad valenciana llamó en ningún momento a la CHJ ni al Ministerio para preguntar, ni por la presa de la Forata ni por el barranco del Poyo". Todavía más, el departamento de Teresa Ribera se escuda en que "las confederaciones tienen la función de observar los caudales de grandes ríos y presas, pero no de barrancos como el del Poyo que, según el plan de emergencias de la Generalitat, es de competencia autonómica".
El ABC, por su parte, no menciona la DANA en su portada y opta por destacar que la sala de lo penal del Tribunal Supremo (TS) ha acordado asumir la investigación que afecta al exministro de Transportes José Luis Ábalos en una causa sobre presuntas corruptelas en la compra de mascarillas durante la pandemia. Tal como ha indicado en un escrito, se aprecian indicios de varios delitos como "pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, soborno y malversación" a la exposición remitida hace unos días por el juez de la Audiencia Nacional (AN) Ismael Moreno. El diario también viaja a los Estados Unidos, después de la derrota de los demócratas de Kamala Harris y asegura que en el partido hay "una guerra abierta". Todos los dedos apuntan a Biden, explica el ABC que indica que el todavía presidente es a quien acusan de tratar de perpetuarse a costa de su propio partido. El enfrentamiento en las filas demócratas es entre los que quieren volver a conectar con la clase trabajadora y los que quieren más política identitaria. ¿Qué dicen el resto de portadas de este viernes?
