Impulso Ciudadano ha presentado un recurso contencioso administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) contra el presidente de la Generalitat, Quim Torra. La entidad envió un requerimiento a Torra el pasado 5 de junio avisándolo de que presentaría un recurso si no retiraba la pancarta en diez días.
Después del periodo electoral, Torra volvió a colgar la pancarta que pide la libertad de presos y exiliados a la fachada del Palau de la Generalitat. Lo había sacado a requerimiento de la Junta Electoral Central (JEC) después de unos días de estira y encoge. Una actitud que ha llevado Torra a un paso de ser juzgado en el TSJC por un delito de desobediencia.
La entidad contraria a la independencia también ha emplazado a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, a retirar el lazo amarillo del balcón del Ayuntamiento. El plazo del requerimiento acaba el 5 de julio.
Según el recurso, la pancarta del Palau de la Generalitat vulnera el principio de neutralidad ideológica de los entes públicos que, según los artículos 103 y 1 de la Constitución, tienen que servir con objetividad los intereses generales y velar por el pluralismo político. Me este sentido, la entidad considera que se vulnera el derecho a la libertad de pensamiento que exige a los poderes públicos un "comportamiento de imparcialidad incompatible con presentar unos determinados planteamientos ideológicos como oficiales".
Teniendo en cuenta que la pancarta hace referencia a un caso que está juzgado en el Tribunal Supremo, Impulso Ciudadano defiende que los poderes públicos "están obligados a cumplir las sentencias y resoluciones de los jueces y tribunales, así como colaborar en el curso del procés y la ejecución de lo que se resuelve".
El recurso cita como jurisprudencia la sentencia del TSJC sobre el requerimiento contra el Ayuntamiento de Sant Cugat para que retirara la estelada de una plaza pública y en que el tribunal declaró que el principio de neutralidad "tiene que mantenerse en todo momento".Es por eso que la entidad contraria a la independencia defiende que este principio no sólo se tiene que cumplir en periodos electorales.