El gesto de Felipe VI cuando empezaron a aparecer nuevas informaciones sobre los tejemanejes de su padre en Arabia Saudí fue muy contundente: renunciar a la herencia de Juan Carlos I y retirarle la asignación económica como miembro de la Casa Real. Parecía un escrito de acusación. Tanto es así que, finalmente, la fiscalía española también se ha puesto a investigar. Hasta esta semana había dos familias ininvestigables en España. La primera, el franquismo, que todavía tiene que ser investigado en Argentina. La segunda, los borbones, que han tenido que venir los fiscales suizos a poner luces y taquígrafos. La fiscalía española sólo investigará a partir del 2014, cuando ya han pasado la mayoría de los hechos. La Constitución le impide hacerlo desde antes.
La investigación de la fiscalía suiza es demoledora. En 2008, el régimen saudí transfirió 100 millones de dólares a una sociedad en Panamá, de la que el auténtico propietario y único beneficiario sería Joan Carles I. Este ingreso se hizo una semana después de publicar en el BOE un acuerdo de colaboración con Riad. El rey emérito habría dispuesto de estos fondos libremente hasta el 2012, cuando, después del escándalo de los elefantes en Botswana, el banco suizo Mirabaud le invitó a cerrar la cuenta por un problema de reputación. El monarca lo hizo, transfiriendo 65 millones a su amante Corinna y un millón a otra mujer residente en Ginebra. Todos estos movimientos estarían relacionados con el contrato del AVE a la Meca, adjudicado a varias empresas españolas por 6.300 millones de euros.
Los escándalos en torno a la fortuna de la Casa Real han sido unos cuantos, pero hasta ahora no se han podido investigar en el Estado español. La figura de la "inviolabilidad" del monarca, que puede cometer cualquier delito sin que ni siquiera se le investigue, lo ha entorpecido todo. Los poderes del Estado, empezando por los más altos tribunales, han puesto el resto.
Ni el poder judicial ni el poder legislativo han podido investigar la monarquía
Hay un solo precedente de Borbón que haya acabado en el banquillo de los acusados. Se trata de la infanta Cristina, por el caso del Instituto Noós, entidad de la que participaba junto a su marido Iñaki Urdagarín. Fue este último quien acabó pagando todos los platos rotos por desvío de fondos públicos y fraude fiscal. La hija del monarca acabó siendo absuelta, aunque incluso era propietaria de Aizoon, una de las sociedades del entramado de Urdangarín y su socio Diego Torres. Desde entonces, ningún miembro de la monarquía española ha vuelto a ser investigado por la justicia.
Ni por la justicia ni por ninguna otra vía. Como en anteriores legislaturas, el Congreso de los Diputados ha tumbado recientemente cualquier intento de investigación parlamentaria al respecto. Con el aval de los letrados de la cámara baja, y con el voto del PSOE, el PP y Vox, la Mesa ya ha tumbado en los últimos meses tres peticiones de comisión de investigación registradas por Unidas Podemos y los partidos independentistas, nacionalistas y soberanistas del hemiciclo. A pesar de buscar las resquicios legales, como investigar hechos posteriores a su abdicación, el mismo destino le podría esperar a la solicitud entrada esta semana.
Los servicios jurídicos se aferran a la doctrina del Tribunal Constitucional, que efectivamente les da la razón. Por unanimidad, el alto tribunal anuló la comisión de investigación que había aprobado crear el Parlament de Catalunya. La sentencia argumentaba que la cámara catalana se extralimitaba de sus competencias "por la inviolabilidad de Su Majestad el rey Felipe VI y Su Majestad el rey emérito y su carácter no responsable". Los magistrados eran contundentes: "No es posible la creación de comisiones de investigación sobre el titular de la Corona o sobre el que lo haya sido en época anterior".
Patrimonio incalculable
Felipe VI ha renunciado a la herencia de su padre, pero ni siquiera se sabe a cuánto sube este patrimonio. La magnitud de la fortuna de la Casa Real española, y más teniendo en cuenta revelaciones como la de la fiscalía suiza y la cantidad ingente de propiedades de las que disfrutan, resulta incalculable. La partida anual para la Casa del Rey en los presupuestos generales del Estado se sitúa en los 8 millones de euros. En 2012, The New York Times intentó calcular la fortuna personal de Juan Carlos I, en un extenso reportaje. El diario norteamericano la estimaba en 2.300 millones de dólares. El rotativo hablaba de un "estilo de vida lujoso" y de una "fortuna opaca", y admitía que "sigue siendo un secreto cómo ha amasado su considerable riqueza personal".
No preguntable
Por no saber, ni siquiera se puede saber ya qué piensan los españoles de la monarquía. Es un enigma desde hace un lustro. A partir del 2014, la popularidad de los Borbones empezó a caer en picado, llegando a valoraciones del 3,7 coincidiendo con los escándalos del Rey emérito y su posterior abdicación. Como su hijo no remontaba las malas notas, en 2015 el CIS dejó de preguntar por la Casa Real en sus barómetros mensuales. Desde entonces, es casi un misterio qué piensan los españoles de su jefe del Estado.
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