El juez que indaga los preparativos del referéndum en Catalunya ha citado a declarar como investigados al exdelegado de la Generalitat ante la Unión Europea (UE) Amadeu Altafaj y tres cargos más del Departament d'Exteriors, por los pagos a los observadores internacionales del 1-O.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona ha citado para el próximo 6 de junio a Altafaj, que fue alto cargo y portavoz de la Comisión Europea antes de ser nombrado representante permanente de la Generalitat ante la UE.
Para aquel mismo día, el juez ha fijado las declaraciones como investigados del exsecretario general de Exteriors Aleix Villatoro, el exsecretario general del Diplocat Albert Royo y de Marta Garbasall, directora de Serveis del Departament d'Exteriors que dirigía Raül Romeva.
El objetivo de estos interrogatorios es descubrir si el Govern malversó fondos públicos en los gastos de los observadores internacionales que fueron designados para supervisar el referéndum de independencia del 1-O.
La Guardia Civil sostiene en un informe que la Generalitat pudo destinar hasta 177.065 euros en los desplazamientos de los observadores internacionales que tenían que garantizar la validez del 1-O, de los cuales de momento aseguran tener constancia que se pagaron 119.700 euros.
De hecho, el pasado 12 de abril el juez ordenó registrar las oficinas del Diplocat —organismo dependiente de Exteriors encargado de proyectar la imagen internacional de Catalunya que fue disuelto aquel mismo día en aplicación del artículo 155 de la Constitución—, en busca de documentación relacionada con los pagos a los observadores internacionales.
El magistrado ordenó aquella diligencia a raíz de otro informe de la Guardia Civil que constató dos transferencias ordenadas por Altafaj desde las cuentas de la Delegación de la Generalitat delante de la UE en el The Hague Center for Strategic Studies, los días 21 de septiembre y 9 de octubre pasados, en concepto de "contrato de servicios".
El papel de Òmnium
También el juez ha aplazado al próximo 21 de junio la declaración como investigado de Antoni Molons, exsecretario de Difusió de la Generalitat, inicialmente prevista para el 16 de mayo próximo y con la cual pretende descubrir si el Govern financió el 1-O mediante pagos a Òmnium Cultural.
Molons fue detenido el pasado 15 de marzo por la Guardia Civil, que lo dejó en libertad después de que se negara a declarar en el cuartel y después de registrar su domicilio y su despacho oficial en el Palau de la Generalitat en busca de documentación relacionada con la financiación del 1-O.
La Guardia Civil sospecha que el Govern pudo financiar la propaganda del referéndum independentista a través de pagos a Òmnium Cultural, que se habría encargado de confeccionar la campaña de publicidad del 1-O, con la finalidad de burlar la prohibición del Constitucional de destinar partidas de los presupuestos al referéndum de independencia suspendido.
Al lado de estos cinco imputados, el juez tomará declaración entre mañana y el próximo 21 de junio a 17 testigos relacionados con la financiación del referéndum del 1-O, que había sido suspendido por el Tribunal Constitucional (TC).