"Indignación" en el Govern ante los últimos movimientos de la Justicia española en contra de negociación de la amnistía. La portavoz, Patrícia Plaja, ha descalificado tanto la declaración que ayer aprobó el Consejo General del Poder Judicial como la decisión del juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón de investigar por terrorismo al president en el exilio, Carles Puigdemont, y la secretaria general de ERC, Marta Rovira, juntos con 10 personas más dentro del caso Tsunami. "Hace falta que todo el mundo tome conciencia de la gravedad de los hechos que están pasando. Algunos de aquellos que teóricamente les toca impartir justicia buscan no solo condicionar las negociaciones políticas, sino además castigarlas, prevaricando", ha denunciado Plaja.
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell Executiu, la portavoz ha denunciado que la declaración aprobada por el CGPJ a propuesta de los magistrados conservadores es "un posicionamiento público sin precedentes, en contra de legítimas negociaciones políticas". Con respecto a la investigación contra terrorismo abierta contra Puigdemont y Rovira, ha alertado que no es casual que aparezca en plena negociación de la amnistía. Después de reprochar que esta imputación se hace a un país que ha vivido el terrorismo y en un momento en que existe una amenaza terrorista global, ha reprochado que "alguien tenga la poca vergüenza, mejor dicho la maldad acusar de terrorismo a aquellos que no han hecho más que defender el derecho a decidir".
Dinamitar
La portavoz del ejecutivo ha vinculado estos movimientos al hecho de que el expresidente José María Aznar espoleó hace unos días reclamando que "el que pueda hablar que hable, el que pueda hacer que haga" y ha lamentado que sus palabras "han tenido efecto y la derecha ha reaccionado", tanto en las calles como también en la "cúpula de estamentos judiciales". En opinión del ejecutivo, esta respuesta "está vulnerando el estado de derecho" por lo cual ha llamado a garantizar la separación de poderes.
Plaja no ha tenido ninguna duda a denunciar que el objetivo de estos movimientos es "dinamitar y hacer descarrilar" las conversaciones para la investidura de Pedro Sánchez con el acuerdo para la aprobación de una ley de amnistía, porque "buscan un estado a su imagen y semejanza". Al fin y al cabo es, en opinión de la portavoz, "la confirmación en términos médicos que la salud democrática del Estado español es tan débil que si no hay medidas urgentes acabará gangrenándose".