El diputado en el Congreso de EH Bildu, Jon Iñarritu, denuncia que España vuelve la espalda a la justicia europea. En concreto, Iñarritu entró el pasado 13 de enero una pregunta sobre el hecho de que España no ha ratificado el Protocolo 16 del Convenio Europeo de Derechos Humanos que permite elevar consultas prejudiciales en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
El artículo 1 de este sistema permite que, antes de iniciar un juicio, si una corte tiene una duda sobre la legislación vigente del país pueda pedir una opinión consultiva sobre este aspecto al TEDH para actuar acuerdo a los derechos humanos.
Respuesta de España
Iñaritu argumenta en su escrito que, recientemente, Tribunal Supremo ha emitido dos resoluciones que afectan al líder de la izquierda abertzale Arnaldo Otegui y el abogado Gonzalo Boye, defensa del presidente Carles Puigdemont. Estas, valorar, modifican tanto la jurisprudencia previa, así como "la literalidad de las normas aplicables". Ante esta situación, Iñarritu pregunta al Gobierno sobre por qué España no ha ratificado este convenio, así como si lo piensa hacer.
Por su parte, la Moncloa ha respondido por escrito recientemente al diputado vasco donde aclara que la adhesión a este protocolo es "voluntaria" a la vez que manifiesta que el Tribunal Constitucional "incorpora inmediatamente la jurisprudencia del TEDH".
Además, según el Gobierno, en el país existen "3 o 4 instancias internas (incluida la del propio TC) que suponen una garantía eficaz de los derechos fundamentales y las libertades públicas consagrada en nuestra norma fundamental e interpretadas según los tratados internacionales ratificados por España"
Ahora bien, esta respuesta no convence en Iñarritu que se pregunta en su cuenta de Twitter: "Alguien entiende por qué España no desea ratificar el Protocolo 16 del Convenio europeo de derechos humanos para poder elevar consultas prejudiciales a TEDH?".
Precedentes de Otegui y Boye
A los precedentes los cuales hace referencia Iñarritu es el hecho de que el Tribunal Supremo acordó el pasado diciembre repetir el juicio de Otegui, anulado por el TEDH. Esta corte consideró en noviembre del 2018 que el juicio contra el líder de la izquierda abertzale no había sido justo. Con todo, la resolución llegó después de que Otegui hubiera cumplido la pena íntegra de seis años y medio de prisión sin ningún tipo de beneficio penitenciario.
También en diciembre del 2020, el TS resolvió que Boye tenía que pagar la responsabilidad civil a la familia del empresario Emiliano Revilla, secuestrado durante 249 días en 1988. Por estos hechos, el abogado fue condenado a 14 años y ocho meses de prisión, así como a pagar una indemnización solidaria de 200 millones de pesetas (1,2 millones de euros a la familia). Boye, que siempre ha negado haber participado en el secuestro, cumplió seis años de prisión y cuando salió comunicó que abonaría 5.000 pesetas mensuales para hacer frente a esta indemnización. La Asociación de Víctimas del Terrorismo anunció recientemente que no había entregado el dinero a la familia y ahora el TS ha estimado que tiene que abonarlos, ya que la sentencia no ha prescrito.
El abogado de Puigdemont y del presidente inhabilidad Quim Torra ha comentado el tuit de Iñarritu donde denunciaba que la justicia española da la espalda la europea. Como el diputado vasco, Boye considera que Espanya debería de ratificar este protocolo que permite consultar al TEDH.
"La de sentencias no ajustadas a derecho que nos evitaríamos tendría que ser suficiente incentivo para su ratificación en el marco de un estado democrático y de derecho... en fin", ha defendido Boye.