La sentencia de la ONU que concluye que España vulneró el derecho político de Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Josep Rull cuando los apartó del Parlament de Catalunya antes de ser condenados ha sido ampliamente celebrada desde el independentismo. También desde EH Bildu, ya que Jon Iñarritu no ha dudado a comentarla a través de las redes. En un tuit, el diputado en el Congreso ha considerado que, con esta decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU "una vez más queda en evidencia que la locura represiva empresa contra los representantes de Catalunya a partir del 1-O era tremendamente injusta, pero además, convertía España en un Estado con graves carencias democráticas".
Concretamente, y cuatro años que presentaran la denuncia en diciembre de 2018, el Comité de la ONU considera que el Estado vulneró el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 al suspender Junqueras, Rull, Romeva y Turull de su cargo como diputados en el Parlament. Además, antes de la aplicación del artículo 155 en el Gobierno de Carles Puigdemont, los cuatro eran consellers del Executiu, y Junqueras era el vicepresidente. En la misma línea que Iñarritu, desde Junts y ERC, esta decisión de la ONU representa "una nueva constatación que la represión política del independentismo catalán por parte del estado español ha vulnerado gravemente los derechos humanos, en este caso, derecho político esencial en una democracia".
"Otro bofetón"
Por su parte, el president Pugidemont también ha querido dar su opinión sobre esta situación a través de las redes, como muchos otros políticos de Junts per Catalunya, que también han manifestado su satisfacción: "Otro bofetón desde las Naciones Unidas a la cara del Estado por la violación de derechos políticos de nuestros representantes. Los responsables de aquella violación no pueden dar lecciones de democracia", ha escrito en redes.
Primera advertencia de la ONU
Aunque esta decisión ha sido muy bien recibida desde el independentismo, no es la primera vez que la ONU posiciona sobre el conflicto catalán y la represión ejercida desde el Estado. Concretamente, la prisión preventiva de los presos políticos (que se alargó desde que entraron en los centros el 3 de noviembre de 2017, un mes después de la celebración del referéndum, hasta que el Tribunal Supremo no los condenó dos años más tarde, en octubre del 2019), fue declarada arbitraria por parte de otro Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas. Un año después, en el 2020, se estableció que España no cumplió las decisiones y ni los liberó ni reparó por la vulneración de derechos, tal como exigían las decisiones de 2019.