El diputado de EH Bildu Jon Iñarritu se ha burlado del Tribunal de Cuentas diciendo que "seguro que le reclama a Mariano Rajoy los 63 millones de euros que el expresidente destinó al ejército que envió a Letonia para comprar su silencio en 2017. Eso lo ha dicho en respuesta a un tuit de Carod-Rovira en que el exvicepresidente republicano ha asegurado que "algunas actitudes y silencios de los países bálticos y el papel inteligente de España con relación a ellos confirma que la política internacional no tiene sentimientos sino intereses".
Concretamente, el motivo por el cual el expresidente popular envió a las tropas en Letonia fue para que este país no reconociera la independencia de Catalunya. Esta operación se produjo sin la autorización del Congreso aunque, según especifica la Ley de Defensa Nacional, corresponde a la cámara baja aprobar "con carácter previo la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional".
La semana pasada, el Tribunal de Cuentas condenó a 34 excargos del Govern a pagar más de 5,4 millones de euros por los gastos del Diplocat del 2011 al 2017 y las de la organización del 1-O. La suma de las fianzas de todos los acusados sube además de 5,4 millones, ya que las cantidades fijadas para cada uno de los acusados están pensadas para responder a una fianza de responsabilidad solidaria. La persona a quien se le pide una fianza más elevada -más de 3,8 millones de euros- es al exsecretario general del Diplocat Albert Royo. El órgano fiscalizador también pide más de 2,9 millones de euros a Andreu Mas-Colell y a Artur Mas, mientras que en Raül Romeva más de 2,2 millones. Para el líder de Junts, Carles Puigdemont, y para el de ERC, Oriol Junqueras, el Tribunal exige más de 2 millones.
Recursos para parar la causa
Artur Mas y Carles Puigdemont han presentado un recurso para declarar la nulidad de la causa. También lo han hecho Oriol Junqueras y Raül Romeva, así como el resto de afectados de ERC. El presidente Puigdemont ha pedido en un escrito que se anule la fianza requerida al considerar que "tiene reconocida la inmunidad como europarlamentario" que "llega a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas". En este sentido, ha reprochado la actuación del órgano fiscalizador y ha asegurado que la afirmación hecha por la delegada instructora durante el acto de liquidación, sobre que esta inmunidad se extiende únicamente a los procesos penales, es "contraria a derecho".
Mas ha presentado una petición junto con el exsecretario de Gobierno Joaquim Nin, dónde denuncian que no se les han garantizado los "derechos de defensa" y que no se les ha notificado ninguno de los trámites adoptados por el Tribunal de Cuentas a lo largo del procedimiento.
Los republicanos, por su parte, han subrayado las "irregularidades" del procedimiento y han planteado la "inconstitucionalidad" de las fianzas que se les exigen por "falta de control judicial". Eso hace que no se puedan defender en un procedimiento contradictorio antes de que se resuelva sobre su pretendida culpabilidad. "En la práctica, la pena les es impuesta antes del juicio".