Finalmente, el Tribunal Supremo ha dado el paso y ha abierto una causa contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos en el caso de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La decisión responde a la petición que hicieron Alberto González Amador y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que acusan al fiscal del Estado de haber revelado información privada con el comunicado que difundió la Fiscalía para aclarar que fue González Amador (y no al revés) quien admitió el fraude a Hacienda y quien ofreció un pacto a la Fiscalía para no entrar en la prisión. El entorno de la presidenta madrileña había contado lo contrario y esto llevó al Ministerio Fiscal a proporcionar “informació veraz” a la ciudadanía que lo desmentía. Ahora, el Alto Tribunal investigará, específicamente, las “revelaciones” de los correos entre el fiscal de Delitos Económicos que llevaba el asunto, Julián Salto Torres, y el abogado de Alberto González Amador cuando estos estaban “en poder” del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial. A parecer del Supremo, esto pudo tener “repercusión en el derecho a la presunción de inocencia” de la pareja de Ayuso.
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👤 Quién es Álvaro García Ortiz, el fiscal general imputado por el Supremo
Después de la imputación de Álvaro García Ortiz, que ha dejado claro que no dimitirá, han llegado las reacciones en cascada: el Gobierno le ha mostrado su “respaldo total”, el PP ha exigido su dimisión inmediata para que no siga “contaminando todo lo que hace la Fiscalía”, los fiscales conservadores lo han acusado de generar una “tensión sin precedentes” y los fiscales progresistas han verbalizado su “total discrepancia” con la argumentación del Supremo. Paso a paso.
El TSJ de Madrid no mencionó las “revelaciones” de los correos a los que el Supremo quiere poner la lupa
La decisión de esta mañana del Tribunal Supremo es una respuesta a la exposición razonada que le elevó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en julio fruto de la querella que presentó en abril Alberto González Amador contra la fiscal jefe de Madrid. Ahora bien, en su auto, de nueve páginas, el TSJM no mencionaba en ningún momento que el fiscal general del Estado debiera ser investigado por el hecho de que los correos entre el fiscal del caso y la pareja de Ayuso hubieran sido “revelados”. Su petición de investigar a Álvaro García Ortiz se articulaba únicamente sobre la nota informativa de la Fiscalía Provincial de Madrid: esgrimía que, dado que contenía una “exhaustiva, minuciosa y detallada narración, descripción y secuencia de los hechos”, había implicado la “divulgación de datos e información que no puede ser revelada a terceros” y había “perjudicado” a Alberto González Amador. Sin embargo, el auto del Supremo reconoce ahora que, de la transcripción de la nota controvertida, se deduce que, “aparentemente, no hay información indebidamente revelada” en la “nota controvertida” a causa del “conocimiento público de los hechos”.
Así pues, uno de los extremos que el Supremo pretende investigar es “cómo tuvieron acceso los medios de comunicación a los correos, horas antes a dar publicidad a la nota informativa, cuando estaban en poder del fiscal general del Estado y de la fiscal jefa provincial”. Nos tenemos que remontar al 13 de marzo. El Alto Tribunal señala que el fiscal del caso mandó los correos a Álvaro García Ortiz a las 22 horas. Ahora bien, la Fiscalía recordaba hace dos semanas que su contenido “se publicó en El Mundo a las 21.29 horas del 13 de marzo”, cosa que la llevaba a concluir que es “obvio” que “no pudo proceder de la Fiscalía General del Estado”. El País lo publicó a las siete de la mañana del día siguiente y tres horas y media más tarde la Fiscalía Provincial de Madrid difundió su comunicado.
Álvaro García Ortiz se defiende: “La Fiscalía garantizó el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz”
Poco después de conocerse su imputación, el fiscal general del Estado ha difundido un comunicado en el que descartaba por completo dimitir, convencido de que seguir en el cargo es “lo menos gravoso y lo más prudente” para la institución y “refuerza la independencia de la Fiscalía”. El fiscal general del Estado reiteraba que tenía la necesidad de replicar los “bulos o falsedades” que “comprometían la imagen de la institución y de varios de sus integrantes” e insistía que la nota aclaratoria se encuadraba en su ámbito de las competencias: “Informar de los asuntos relevantes de que conozca para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir información veraz”.
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La Moncloa defiende la actuación de la Fiscalía: “¿Puede ser delito contar la verdad?”
La posición del Gobierno ante la imputación del fiscal general del Estado ha sido de apoyo férreo e inquebrantable a Álvaro García Ortiz. Sin matices. El discurso que proviene de la Moncloa avala punto por punto la actuación de la Fiscalía y comparte la decisión del fiscal del Estado de negarse a dimitir. “Quedará en nada”, ha pronosticado esta mañana Félix Bolaños, mostrando su “confianza” en que la Justicia “prevalezca” y en que “nadie pueda tener problemas por decir la verdad y desmentir un bulo”. Fuentes próximas al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes argumentaban en los pasillos del Congreso que este augurio responde al convencimiento de que será así porque los periodistas no revelarán sus fuentes delante del juez. “¿De verdad puede ser delito en nuestro país contar la verdad y desmentir un bulo propagado por un delincuente confeso y por su pareja?”, se ha preguntado Bolaños, que ha reivindicado que la Fiscalía “cumplió con su deber” y se limitó a “contar la verdad objetiva de lo que estaba ocurriendo”.
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El PP exige su dimisión: “No puede seguir contaminando todo lo que hace la Fiscalía”
A lo largo del día de hoy, también ha quedado claro que el fiscal general del Estado ha hecho orejas sordas a la petición de dimisión inmediata que le ha planteado el PP. “Debería dimitir esta misma mañana”, ha exigido Cuca Gamarra desde el Congreso. Y es evidente que no ha sido así. De hecho, el comunicado de García Ortiz negándose a apartarse ha llegado pocos minutos después de la rueda de prensa de la secretaria general de los populares. “No puede seguir ni un minuto más en el cargo, no puede seguir contaminando todo lo que hace la Fiscalía”, ha argumentado. Para el PP, Álvaro García Ortiz no cumplió el mandato de “atenderse en todo momento a los principios de legalidad y neutralidad”. Y Gamarra, claro está, también ha disparado contra Pedro Sánchez: ha afirmado que la imputación del fiscal del Estado se suma al “infinito goteo de corruptelas y anomalías que acechan al Gobierno” y ha lamentado la “absoluta degradación de las instituciones que avanza cada día y lo inunda y lo mancha absolutamente todo”.
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División en las asociaciones de fiscales: la conservadora pide su dimisión por “dignidad” y la progresista “discrepa” de la argumentación del Supremo
Las reacciones también han llegado desde asociaciones de fiscales. La Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria y conservadora, ha denunciado que la imputación de Álvaro García Ortiz “arroja, lamentablemente, dudas sobre su actuación que afectan de manera intolerable a la institución” y ha lamentado que la Fiscalía se encuentre en una situación “tan crítica y lamentable”. “No puede mantenerse en el cargo si valora la dignidad de la carrera fiscal, de la Fiscalía, de la institución garante de la legalidad y de los derechos de los ciudadanos”, ha sostenido Cristina Dexeus. Para la presidenta de la AF, la condición de investigado al fiscal general del Estado “genera una tensión sin precedentes en la institución y erosiona la credibilidad de la actuación” de los fiscales.
Lejos de esto, la Unión Progresista de Fiscales ha querido mostrar en un comunicado su “total discrepancia con la argumentación” del Supremo. La UPF se alinea con los “posicionamientos y argumentaciones jurídicas” de la teniente fiscal del Alto Tribunal según los cuáles “los hechos investigados, en modo alguno, revisten las características de delictivos”. En este sentido, la UPF avala la versión del fiscal general del Estado y sostiene que la nota informativa “se enmarca en la obligación del Ministerio Fiscal de proporcionar a la ciudadanía una información veraz” y “no aportó o reveló ningún dato que no fuera ya conocido por la opinión pública”. Asimismo, muestra su “profunda preocupación por la presión y el desgaste” al que está siendo sometida la Fiscalía General del Estado. “La UPF quiere, hoy con más fuerza, reiterar nuestro apoyo a la actuación del Fiscal General del Estado y de la Fiscalía Provincial de Madrid”, concluye.