El Financial Times repasa la actuación de la justicia española en un largo reportaje y le sale un retrato dudoso, no muy halagüeño. Habla el diario de los procesos por los casos de Altsasu y de Catalunya, y el titular es del tipo a buen entendedor pocas palabras bastan: "El juicio por terrorismo del caso de Altsasu levanta temores sobre la justicia. La exageración de una pelea en un pueblo vasco espolea las acusaciones de interferencia [política]".

El enredo del caso de Altsasu es descrito así: "lo que un tribunal local calificó inicialmente como un sencillo caso de agresión —envuelto por el alcohol a las 5 de la mañana— un alto tribunal [la Audiencia Nacional], lo ha transformado en un caso donde los acusados se enfrentan a 375 años de prisión por supuestos delitos de terrorismo". Entre los lectores, esta peripecia debe causar cierta impresión.

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A la cola de Europa

Una vez presentada la situación —unos dicen que la justicia no es independiente y otros que sí—, el reportaje dice que "la percepción subyacente en España es que el sistema judicial no es independiente de la política". Cita el informe de la UE sobre la percepción pública de la justicia de 2017, donde el Estado español figura "el tercero por la cola entre los 28 estados miembros, sólo por encima de Eslovaquia y de Bulgaria".

Explica a continuación que "algunos jueces y juristas dicen que no hay pruebas de injerencia política directa en los tribunales sino presiones más sutiles".

Ignacio González Vera, magistrado y portavoz de Jueces para la Democracia, aparece para advertir que el sistema judicial español tiene que ser "más transparente que nunca". Señala, sin embargo, "los posibles riesgos que el Congreso y el Senado nombren a los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, el organismo que designa a los magistrados de los tribunales superiores".

El periodista añade que "los miembros del Tribunal Constitucional, que declararon ilegal el referéndum catalán [del 1-O], también son de designación política".

Judicialización de la política

El corresponsal del FT salta al caso catalán. "Algunos dicen que el problema en Catalunya es que el gobierno de España confía demasiado en los tribunales para resolver lo que debería ser un asunto político", y apunta: "Casi no hay diálogo entre el gobierno y los separatistas al tiempo que los tribunales persiguen a los dirigentes independentistas".

"Los casos de Altsasu y Catalunya abren muchas preguntas sobre la justicia española", dice Lydia Vicente, abogada especialista en Derechos Humanos de Rights International España. Esta entidad remitió el año pasado una carta al relator especial de la ONU sobre la independencia judicial, advirtiéndole que en España la "interferencia" y la presión política sobre los jueces "se han convertido en comunes".

González Vera dice que, en el caso catalán, el gobierno español "se esconde tras el proceso judicial. No es que manipule los tribunales, sino que ha optado por tratar la cuestión como un asunto legal y no político".

Una opinión parecida tiene a Javier Ollo, el alcalde de Altsasu, que también es abogado. "Los políticos no llaman a los jueces y les dicen qué deben hacer", dice al FT. Sin embargo, sobre el caso concreto de los ocho jóvenes juzgados en la Audiencia Nacional, también lo tiene claro: "La idea de que esa agresión es terrorismo devalúa la palabra terrorismo... [La justicia] ha sobre reaccionado por consideraciones políticas".