Hay un espacio donde todavía el independentismo preserva las formas, que no se tira los platos por la cabeza, que es en las puertas del Tribunal Supremo, en Madrid. Ajeno al alboroto que se ha generado en el Parlamento de Catalunya a raíz del Debate de Política General, los partidos independentistas han enterrado el hacha de guerra para acompañar a la diputada de la CUP al Parlamento, Eulàlia Reguant, a quien este miércoles han juzgado por no contestar las preguntas de VOX durante el juicio al procés.
Después de la vista oral, la acusada ha admitido que ve probable que la condenen. "Veo más una condena que una absolución", ha dicho Reguant a pesar de que ha asegurado que "le gustaría pensar que el Supremo acepta la objeción de consciencia". La libertad de expresión ha sido el pilar fundamental de la defensa, que en el terreno técnico, ha intentado hacer visibles los errores de la investigación. "No nos hicieron nugún requerimiento personal y no nos notificaron ciertas resoluciones", ha defendido el abogado de la defensa, Daniel Amelang.
Apoyo a Reguant
Un conglomerado de diputados y senadores independentistas y soberanistas catalanes, vascos y gallegos han acompañado Reguant a los exteriores del alto tribunal. En nombre de su formación, el diputado Xavier Pellicer, ha denunciado que la policía española no les ha permitido acompañar Reguant hasta las puertas del Supremo, ha defendido que su colega, en el juicio, reivindicó "la objeción de conciencia delante de la extrema derecha", de quien ha dicho que "utliza los tribunales para hacerse propaganda". Sin embargo se ha olido que el procés judicial "muy probablemente acabará con la inhabilitación". Por Esquerra, la también diputada Meritxell Serret - también acusada de desobediencia por la Fiscalía en otra causa - ha considerado que el juicio es "injusto y fuera de lugar". "Lo que se tendría que cuestionar es que VOX sea acusación popular", ha explicado Serret.
El senador de Junts per Catalunya, Josep Lluís Cleries, ha añadido que "la represión política contra el independentismo continúa, no cambia nada y esta es la realidad" para después constatar que "los tribunales españoles están blanqueando la extrema derecha". Según Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso de los Diputados para en Comú Podem. ha hecho un paralelismo con la situación del exdiputado Alberto Rodríguez, expulsado de la cámara baja después de una condena judicial. "Si eso acaba pasando [la inhabilitación de Reguant], estaríamos ante una grave vulneración de derechos fundamentales básicos y del principio democrático", ha remachado Pisarello. A la concentración también han acudido Jon Iñarritu, de EH Bildu, y Néstor Rego, representante del BNG gallego.
Las entidades civiles también han hecho acto de presencia. El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, ha considerado que la actitud de Reguant fue "acto de dignidad democrática" para "plantarse delante de la extrema derecha" al juicio del procés independentista. "Estamos convencidos de que la solidaridad anti-represiva es una herramienta de empoderamiento colectivo y un instrumento de erosión del Estado por sus prácticas antidemocráticas", ha apuntado Antich. En nombre de la ANC, su vicepresidente, Jordi Pesarrodona, ha recordado "las cerca de 4.000 represaliadas por culpa de la persecución política que sufre el pueblo catalán".
Hoy Reguant, mañana Baños
La sala de lo penal del TS juzga Reguant por un supuesto delito de desobediencia grave a la autoridad para negarse a responder las preguntas de la acusación popular – VOX – durante el juicio del 1 de octubre. Allí compareció en febrero del 2019 como testigo. Por eso el juez Manuel Marchena ya la multó con 2.500 euros. Ahora la Fiscalía pide 4 meses de prisión y de inhabilitación para sufragio pasivo (el derecho a ser escogida en las urnas) a la portavoz de la CUP, que hace su defensa en catalán.
Al margen de Reguant, este jueves el juzgado de lo penal número 30 de Madrid juzgará al exdiputado de la CUP, Antonio Baños, por el mismo delito de desobediencia grave y por negarse a contestar VOX al juicio de 2019. A él lo juzgan en un tribunal penal porque ya no es diputado y ha perdido la condición de aforado. Baños siempre ha defendido que calló "para marcar un límite y demostrar que el fascismo no puede entrar en ninguna institución, en la judicial tampoco".