La misión europea de la comisión Pegasus, que se trasladará a Madrid entre el lunes 20 y el martes 21 de marzo, es un mar de dudas y pocas certezas. Los cambios en el calendario instigados por la moción de censura de Vox y la coincidencia con un festivo en la Comunidad de Madrid están siendo un quebradero de cabeza para la organización de la delegación, que todavía no tiene la agenda cerrada. En este sentido, Esquerra, Junts, la CUP y las entidades civiles Òmnium Cultural y la Assemblea Nacional Catalana (ANC) han denunciado que el gobierno central, el Congreso de los Diputados y los grandes partidos españoles están intentando "boicotear", poner palos a las ruedas para que la visita no sea exitosa y se temen que la moción de censura sea una excusa para evitar un encuentro con las principales autoridades españolas.
En una carta conjunta que han enviado al presidente del comité, Jeroen Lenaers, y a la ponente, Sophie In'T Veld, el bloque independentista se queja de la actitud del PSOE, el PP, Vox y Ciudadanos, a quien acusan de querer impedir la misión. Por eso, el texto reclama al comité que se mantenga el viaje a España "para proteger nuestros derechos como víctimas y como ciudadanos europeos" y les pide que se incluyan más víctimas del Catalangate en la agenda de reuniones. En este sentido, los partidos y entidades también proponen que el comité se desdiga y se anime también a visitar Barcelona, que no está en los planes del grupo de trabajo.
La confirmación de la agenda es todo un misterio, se apunta a que se cerrará a última hora y que quedará coja en algunos puntos. De las pocas certezas que hay son el encuentro con el president de la Generalitat, Pere Aragonès, la consellera Meritxell Serret, como víctimas de las intromisiones, y miembros de la comisión del Catalangate en el Parlament de Catalunya. A estas alturas todavía se están enviando las invitaciones —que se tienen que acordar por mayoría de los grupos parlamentarios europeos—, pero la previsión inicial del comité, formado por once eurodiputados, es concentrar la actividad entre el lunes al mediodía y el martes por la tarde.
La intención es que empiece el 20 al mediodía reuniéndose con las entidades Amnistía Internacional y Rights International Spain —la ANC y Òmnium han sido vetadas—. Por la tarde está prevista la reunión con los miembros del Parlamento catalán y el grupo batalla para que también acudan la exdirectora del CNI Paz Esteban, expertos en cibercriminalidad como Elvira Tejada, así como un grupo de periodistas de ámbito español. El agujero en el calendario es el martes por la mañana, porque la presencia de Pedro Sánchez y los ministros españoles, como miembros del Gobierno y víctimas del espionaje de Pegasus, cuelga de un hilo por la coincidencia con la moción de censura de Vox.
En la agenda provisional, el martes por la mañana también estaba programado un cara a cara con diputados en el Congreso, entre ellos, los cuatro espiados confirmados por Citizen Lab, que no está confirmado. Hacia al mediodía, los eurodiputados quieren que se cite al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, el encuentro con Aragonès y Serret, y un grupo de jueces, la mayoría de los cuales han declinado la invitación. A las 5 de la tarde del martes se cerrará la visita con una rueda de prensa desde la oficina en España del Parlamento Europeo, donde se harán la mayoría de reuniones.
¿Qué tiene que salir de la visita?
La visita a Madrid es el último destino de la comisión Pegasus, que ya ha pasado por Chipre, Grecia, Polonia y Hungría. El informe de la comisión recogerá la información que se ha ido recogiendo de los diferentes casos de espionaje por toda Europa y se hará un documento con recomendaciones legales. El texto resultante se votará en el comité el 25 de abril y, a posteriori, se tiene que enviar al pleno del Parlamento Europeo. Los primeros vaticinios sitúan el debate en el pleno hasta mayo o junio. Aun así, la pinza de los grupos parlamentarios del PP, PSOE y Vox en Bruselas, que suma mayoría, puede hacer embarrancar las votaciones en cualquier momento.
El grupo de trabajo de Pegasus está formado por once eurodiputados. Hay dos del PP: el presidente del comité, Jeroen Lenaers, y el exministro Juan Ignacio Zoido; dos de los socialistas, Vladimir Bilcik y Ibán Garcia; dos del grupo liberal, la redactora de la ponencia, Sophia in'T Veld, y Roza Thun; la republicana Diana Riba; una parlamentaria de The Left, Anne-Sophie Pelletier; el ultraderechista español Jorge Buxadé y, para acabar, Gilles Lebreton, de Identidad y Democracia. La comisión lleva más de un año trabajando y, para acabar el trabajo, pidió una moratoria de tres meses. No se descarta que puedan acordar una segunda moratoria.
Junts y la CUP también denuncian "boicot"
Uno de los puntos calientes de la visita es la reunión con miembros del Gobierno y diputados en el Congreso de los Diputados, prevista inicialmente para el martes por la mañana. La visita está en suspenso por la moción de censura de Vox. Sin embargo, el independentismo catalán está denunciando la inacción de Pedro Sánchez y Meritxell Batet. En este sentido, la CUP se ha quejado del "boicot" a la misión del Parlamento Europeo y, en un comunicado, los anticapitalistas señalan que la cámara baja "utiliza excusas" para no recibir la delegación europea. Según se quejan, eso supone una "falta de respeto" hacia la Eurocámara y un "boicot activo" para aclarar los hechos y asumir responsabilidades. Con todo, los cupaires se ofrecen para recibir a los eurodiputados.
De su parte, Junts envió este miércoles una carta al presidente de la comisión, Jeroen Lenaers, en la cual también se puso a disposición de la delegación para concretar un encuentro ante la ausencia de movimientos. "Adaptaremos nuestra agenda a sus necesidades, por la relevancia de la misión que ustedes tienen encomendada", escribió la portavoz Míriam Nogueras. En el Congreso de los Diputados hay al menos cuatro diputados espiados según la investigación de Citizen Lab. Son Nogueras (Junts), Ferran Bel (PDeCAT), Albert Botran (CUP) y Jon Iñarritu (Bildu).
El caso de espionaje, conocido como Catalangate, implicó a unas sesenta personas vinculadas con el independentismo. Entre estas están Pere Aragonès, Carles Puigdemont, Laura Borràs y Oriol Junqueras aparte de abogados, periodistas y activistas de entidades civiles. La intromisión, alguna de las cuales bajo aval judicial confirmado por el CNI, provocó un cisma entre el gobierno central y los socios de Esquerra.