Hace años que la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado incluye el “Movimiento Violento Independentista Catalán” entre las amenazas terroristas. Lo hizo por primera vez en 2020 y es un patrón que se ha ido repitiendo sin matices ni rectificaciones hasta el año pasado. En la Memoria de 2022, la Fiscalía mantenía el independentismo catalán en el apartado de “terrorismo” y, aunque no hay ningún grupo independentista que abogue por el uso de la violencia, sostenía que en 2021 el “Movimiento Violento Independentista Catalán” llevó a cabo 24 acciones “violentas y de sabotaje en España”. Este año la cosa es diferente. El apartado en lo referente al terrorismo es sensiblemente más breve y no incluye los detalles que figuraba hasta ahora: solo hay tres líneas escritas y una tabla con datos. Los únicos nombres propios, en forma de datos de diligencias previas que se han practicado, son los del yihadismo y de ETA. El año pasado, por ejemplo, el apartado en lo referente al terrorismo nacional ocupaba nueve páginas.
Fuentes de la Fiscalía consultadas por ElNacional.cat indican que el hecho de que haya menos información responde a una “reflexión” sobre el hecho de incluir en la Memoria las “amenazas”, que es el que figuraba hasta ahora. Esgrimen que el concepto amenazas es más propio de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que del Ministerio Fiscal, que “no actúa sobre amenazas, sino sobre hechos producidos”. Eso llevó el Ministerio Público a “plantearlo de otra manera” y no explicitar las amenazas, dado que no es actividad como tal del Ministerio Fiscal.
El año pasado, al lado del “Movimiento Violento Independentista Catalán”, aparecían mencionadas explícitamente, como amenazas, ETA, los GRAPO (Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre), el “Independentismo Violento Radical Gallego”, el “anarquismo insurreccionalista” y el “ecologismo radical”. Algunos de estos grupos también figuraban en las memorias de 2021 (cuando vio terrorismo en once manifestaciones) y de 2020 (cuando incluyó los CDR de la operación Judes). De hecho, las voces consultadas por este medio detallan que la Fiscalía se comprometió a enmendar la inclusión de las protestas de grupos ecologistas: en el seno del Ministerio Fiscal ya se había hecho la reflexión y eso fue, de alguna forma, la gota que hizo colmar el vaso y que se tuviera la “decisión clara” que “no tenía sentido” que estos grupos, igual que los independentistas, estuvieran incluidos como amenazas.
Los CDR acusados de terrorismo: la Fiscalía pidió prisión en noviembre y solicitó la amnistía en junio
Conviene no olvidar que el año pasado la Fiscalía relacionó el independentismo con el terrorismo. Sin ir más lejos, en noviembre de 2023, la Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió entre 8 y 27 años de prisión para los CDR acusados de terrorismo por la operación Judas. El fiscal Miguel Ángel Carballo sostuvo en aquel momento que los acusados se integraron en un “Equipo de Respuesta Táctica” y conformaron una “organización terrorista paralela, de carácter clandestino y estable” con el objetivo de “llevar a cabo acciones violentas o atentados contra objetivos previamente seleccionados utilizando explosivos y/o sustancias incendiarias”. Posteriormente, el pasado mes de junio, la Fiscalía pidió la amnistía para los CDR aduciendo que en este caso no se había producido una vulneración grave de los derechos y libertades según el Convenio Europeo. La teniente fiscal de la Audiencia Nacional Marta Durántez alegó que los acusados “no llegaron a materializar ni iniciar la ejecución de las conductas” y que “el peligro a la vida o la integridad física de las personas no llegó a producirse”.
“El Ministerio Fiscal tiene consagrada su autonomía funcional”
En septiembre de 2023, el senador del PP José Antonio Monago preguntó al Gobierno si pediría en la Fiscalía General del Estado que “rectifique su valoración en relación con la amenaza terrorista que suponen determinados grupos separatistas vascos y catalanes”. La respuesta escrita de la Moncloa no aclaró las dudas. “El Ministerio Fiscal tiene consagrada su autonomía funcional y, por lo tanto, su capacidad de autoorganización y funcionamiento interno, sin dependencia externa ni posibilidad de injerencia de ningún poder del Estado”, alegó el Gobierno.
El independentismo según la Europol: de “terrorista” a “extremista”
Uno de los cambios que ha habido en los últimos meses también tiene que ver con la Europol, después de que en junio del año pasado España colara el independentismo catalán en una lista terrorista de la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial. El inicio de las negociaciones para la investidura de Pedro Sánchez, una de las demandas de Carles Puigdemont fue corregirlo. “No se puede negociar con quién nos considera la segunda amenaza más importante después del terrorismo yihadista y pide a la Europol que nos trate de terroristas”, afirmó el líder de Junts justo hace un año.
Tres semanas más tarde, el Ministerio del Interior solicitó formalmente a la Europol que desvinculara el independentismo catalán del terrorismo. El director del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), Manuel Navarrete, pidió una rectificación de los epígrafes a fin de que “las alusiones al independentismo catalán se eliminen del apartado de terrorismo”. Un mes después, en el último informe, la Europol se enmendó y dejó de definir el independentismo de terrorista para incluirlo en el capítulo de extremismo. “En España, los movimientos independentistas catalán y vasco son actualmente los más activos y violentos de la escena del separatismo español”, recogía el informe en la página 72.
Finalmente, el pasado mes de febrero la Europol anunció que cambiará la metodología utilizada para elaborar el informe anual sobre la situación del terrorismo en la UE. La directora de la Europol, Catherine De Bolle, detalló que se introducirán nuevos filtros antes de la publicación del informe: un grupo de expertos revisará el documento antes de que se distribuya y los estados recibirán un “borrador” del documento para hacer una “verificación del contenido” y corregir lo que crean que no es esmerado. Además, se hizo llegar a los estados una “nueva orientación” sobre la metodología del informe, que remarcaba que el documento tiene que ser una “visión sobre la situación del terrorismo en la UE” y no una “evaluación de las amenazas”.