Nuevo curso político y antiguas tradiciones. Como durante el último año y medio, las fuerzas independentistas y soberanistas en el Congreso de los Diputados han vuelto a apuntar contra la monarquía española y sus escándalos. Este miércoles, ERC, Junts, el PDeCAT, la CUP, EH Bildu, el BNG, Más País y Compromís han registrado una nueva comisión de investigación. En esta ocasión, para aclarar "los gastos públicos interdepartamentales vinculados a las actividades tanto públicas como privadas por parte de miembros de la familia real y familia del Rey". Es decir, su coste real. Es más que previsible, porque ya ha pasado otras veces, que la petición acabará siendo tumbada en la Mesa por la pinza del PSOE, el PP y la extrema derecha de Vox.

En la exposición de motivos, los grupos firmantes lamentan que a pesar de los "indicios" de corrupción, "nunca se ha podido constituir una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados", incluso con peticiones reiteradas de ocho grupos parlamentarios. La mayoría de las veces, con el veto previo de los letrados de la cámara baja. "No hay ninguna institución pública en España hoy en día que pueda obligar a la jefatura del Estado y su familia a rendir cuentas ante los representantes ni ante la ciudadanía", lamentan independentistas y soberanistas.

No obstante, después de publicarse diferentes gastos de la Casa Real asumidos por ministerios, los grupos firmantes defienden que "las cuentas de los diferentes departamentos del gobierno sí que tienen que poder ser auditadas hasta el detalle que sea requerido por parte de los representantes de la ciudadanía sin más límite que la protección de datos de carácter personal".

 

Entre otros gastos, la iniciativa recuerda cómo Patrimonio Nacional se hizo cargo del mantenimiento de al menos 39 casas forestales por un valor de 666.000 euros, del mantenimiento de tres piscinas por más de 250.000 euros o de las indemnizaciones por despido del personal del yate Fortuna, un total de 670.000 euros, entre muchos más gastos.

De esta manera, la comisión de investigación pretende investigar todas las partidas presupuestarias desde cualquier ministerio o estamento que beneficien directa o indirectamente a la monarquía y "la oportunidad, necesidad y legalidad" de cada uno de estos gastos. Entre otros aspectos, también quieren indagar el número de personas –y sus contratos— que trabajan para la familia real, en especial en los ministerios de Presidencia, Defensa, Interior y Exteriores, así como la relación de bienes muebles e inmuebles de titularidad pública que están a su disposición y el coste de las reformas y mantenimiento.