La semana ha venido bien cargada por parte de la Fiscalía. El ministerio público no sólo ha recurrido, una vez más, el tercer grado de los presos políticos independentistas. También se ha querellado contra el presidente del Parlament, Roger Torrent, y tres miembros de la Mesa para defender la autodeterminación y reprobar la monarquía. Mañana, además, empieza el juicio contra los síndicos del 1-O, para quienes la Fiscalía pide dos años y nueve meses de prisión. En las últimas semanas, también ha remitido un informe contrario a los indultos al Tribunal Supremo. En este contexto, el independentismo no ha desperdiciado la ocasión de disuadir a la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que mantenga la represión, en contra de la desjudicialización prometida por Pedro Sánchez. Delgado se ha ventilado la réplica a los grupos parlamentarios en pocos minutos, argumentando simplemente que "no puede interferir".
Ha sido durante la comparecencia de Delgado en la comisión de Justicia del Congreso de los Diputados. La diputada de ERC, Carolina Telechea, ha reprochado todos estos movimientos de la Fiscalía contra el independentismo "Está claro que las cloacas no se pueden permitir tener en libertad a quien tiene llave de la gobernabilidad", ha asegurado la republicana, que ha denunciado la "deriva antidemocrática" del poder judicial, Fiscalía incluida. Y la ha interpelado directamente: "¿Cree que los presos políticos tienen que estar en la prisión para poner urnas? ¿Que tengamos más de 200 personas encausadas para defender la democracia y la libertad?".
En la misma línea, Jaume Alonso-Cuevillas ha denunciado cómo el ministerio público está "instalado en la represión". Ha puesto el ejemplo del Parlamento de Cantabria, que debatió sobre el Rey para defender su actuación. "Como se le defiende, la Fiscalía no actúa", ha constatado el diputado de Junts en el Congreso. Ha contrapuesto más hechos: "Que reservistas digan que fusilarán a 26 millones de hijos de puta no es delito de odio para la Fiscalía; que profesores de instituto analicen el 1-O, sí". Es por eso que le ha preguntado si "de verdad la ley es igual para todos". Ha denunciado que la fiscalía que lidera "no tiene ninguna percepción de neutralidad" y "da una pésima percepción del estado de derecho en una democracia llena".
El cupero Albert Botran también ha puesto los ejemplos de la Mesa del Parlament, los síndicos del 1-U o el tercer grado de los presos políticos. "Usted forma parte del engaño del Gobierno: que habría desjudicialización", le ha lanzado el diputado anticapitalista. En este sentido, ha subrayado el "continuismo total con anteriores gobiernos y con anteriores fiscalías".
La respuesta de Delgado ha dejado mucho a desear. Si su intervención inicial ha durado dos horas, la réplica a los grupos, unos pocos minutos. Ha hecho afirmaciones generales para todas las formaciones, asegurando que causas como las del procés "han seguido su curso" y que ella no ha dado ninguna instrucción porque no está habilitada para hacerlo. "Mi institución es una institución que tiene un funcionamiento muy autónomo", ha asegurado la fiscal general del Estado. "Es imposible interferir porque tenemos elementos y normas que impiden estas interferencias", ha concluido al respecto.
Las regularizaciones "gracias" en la fiscalía
También ha sido preguntada por los escándalos del rey emérito. Y Dolores Delgado ha defendido que "por primera vez a la historia de España se investiga a un exjefe del Estado y lo hace la fiscalía". En este sentido, ha señalado que se hace con las máximas "garantías constitucionales", también para el investigado. "Gracias a estas investigaciones, se ha producido en menos de dos meses que haya aflorado una cantidad importante de dinero", se ha felicitado la máxima responsable del ministerio público. Ha indicado que las nuevas regularizaciones "nos darán datos y nos obligarán a realizar nuevas investigaciones".