El independentismo ha vuelto a mostrar unidad para acompañar al conseller de Exteriores, Bernat Solé (ERC), al TSJC, donde será juzgado por su papel como alcalde de Agramunt (Urgell) durante el referéndum del 1-O.
Han acompañado a Solé los dos máximos representantes del Govern, el vicepresident Pere Aragonès y la consellera Meritxell Budó; el president del Parlament, Roger Torrent; todo el grupo parlamentario de ERC; diputados de JxCa;, la presidenta de la Assemblea, Elisenda Paluzie, y el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri.
El conseller republicano, para quien la Fiscalía pide un año y medio de inhabilitación como cargo público y 24.000 euros de multa por un delito de desobediencia por haber facilitado el referéndum en su municipio, ha entrado en el tribunal entre aplausos y muestras de apoyo de todo el independentismo institucional.
Después de que Solé hubiera entrado en el TSJC, Aragonès se ha dirigido a la prensa para denunciar, una vez más, la represión del Estado. "Hoy el conseller Solé está acusado de haber sido alcalde de Agramunt", ha dicho. En un mismo sentido se ha expresado Torrent, que ha reivindicado el papel de Solé como alcalde "que acompañó a sus vecinos y vecinas a decidir libremente su futuro".
Ambos dirigentes, números 1 y 3 de ERC para el 14-F, han reivindicado la amnistía y la autodeterminación como "solución para resolver el conflicto político entre Catalunya y el Estado".
Budó, por su parte, ha asegurado que el "Estado español no tiene aturador, pero nosotros seguiremos aquí, determinados con la democracia y la libertad y denunciante la represión". La consellera ha añadido que Solé fue "un alcalde valiente como todo el resto que hizo posible el 1-O".
Centenares de alcaldes advertidos
En su auto de apertura de juicio oral, el TSJC recuerda que el 7 de septiembre del 2017, Solé promulgó un decreto de alcaldía dando pleno apoyo al referéndum, después de que el Parlament aprobara su convocatoria.
La delegación del Govern en Catalunya advirtió a todos los alcaldes que tenían que intentar impedir la votación, a raíz de la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional, advertencia que Solé recibió el 12 de septiembre.
A raíz de estas advertencias, una setentena de los 712 alcaldes independentistas que dieron apoyo al 1-O han sido encausados y, en algunos casos, juzgados. La mayoría, sin embargo, finalmente han visto cómo sus causas quedaban archivadas.