Independencia, fascismo, violencia y terrorismo. Las cuatro esquinas de la jaula en la que un cierto discurso, o una estrategia que a veces se ha dejado notar de manera implícita, y en los últimos días ha rozado lo pornográfico, pretende atrapar al movimiento independentista catalán en la recta final hacia el referéndum anunciado por el Govern.

Se trata de un caso palmario de fabricación de una “postverdad” o “hecho alternativo” que se concreta en la creación de una imagen de la Catalunya soberanista parecida a la Euskadi de los años de plomo del terrorismo de ETA. Quizás, se señala en medios soberanistas, para legitimar o justificar lo que, pese a los 829 muertos provocados por la organización terrorista entre 1968 y 2010, nunca se llevó allí a cabo: la suspensión de la autonomia. En cambio, y por lo que se refiere al caso catalán, en Madrid ya se habla de una aplicación “modulada” del artículo 155 de la Constitución. El Gobierno español recuperaria competencia a competencia susceptible de ser utilitzada para la creación del Estado catalán, como dejaba entrever la llamada Operación Precinto.

Independencia, fascismo, violencia y terrorismo. Esos son los elementos que estructuran un relato que intenta erosionar el carácter pacífico, cívico e inclusivo que han convertido el procés catalán en un modelo democrático de construcción de una nueva estatalidad en Europa y el mundo. Se trataría, según coinciden diversos observadores de la evolución de la estrategia del Gobierno de Mariano Rajoy y el PP ante el llamado desafío catalán, de que la “revolución de las sonrisas” mute en todo lo contrario: en un fenómeno peligroso para la convivencia entre los catalanes y de estos con los españoles y los europeos.   

¿Hasta qué punto se trata de una estrategia perfectamente dibujada y coordinada? Este lunes, en Barcelona, un hombre conocedor de lo que se mueve en el mundo del PP y algunos despachos clave del Gobierno español no albergaba duda alguna: se trata de provocar la radicalización del núcleo duro del soberanismo para reducir la transversalidad y el amplio perímetro social del movimiento, la base. Para ello es necesario que el sector más moderado que da apoyo a la independencia se asuste y se quede en casa. Se trata de construir la imagen que el “català emprenyat” se ha transformado en el “català violent” per allunyar de l'independentisme el català "d'ordre".

Fernández Díaz, Magaldi, Inda

No es difícil seguir un hilo rojo que une los tempranos intentos del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz para vincular el independentismo con el terrorismo yihadista, la sobreactuación de la fiscal jefe de Barcelona Anna Maria Magaldi este martes, en la conferencia de prensa en la que denunció los insultos que oyó a la salida del juicio del 9-N; y, este jueves,  las delirantes afirmaciones del tertuliano Eduardo Inda, según las cuales el clima de “violencia” en Catalunya supera el de los peores años del terrorismo etarra en el País Vasco.

En enero del  2014, el año de la consulta del 9-N, el ministro Fernández Díaz sorprendió en una rueda de prensa de balance de la siniestralidad en las carreteras con la denuncia que el proceso sobiranista estaba abriendo una “fractura social” en Catalunya que incluso había impedido a las familias reunirse en las cenas de Navidad. La “fractura social” fue un concepto acuñado para definir la situación social en Euskadi en tiempos de la violencia de ETA. Curiosamente, en aquellos años -y con la excepción de las campañas contra la inmersión lingüística- se solía presentar a Catalunya, en general, como el ejemplo contrario.

Han tenido que pasar tres años para que esa siniestra imagen de Catalunya pintada por Fernández Díaz se hiciera trizas ante la confesión en Facebook de un cargo del PP andaluz, Toni Martín Iglesias, que, tras una visita al país, se declaró “gilipollas” por haberse creído los tópicos, clichés y estereotipos sobre los catalanes. 

Pero la máquina de la posverdad estaba en marcha y nada hacía prever que se parase. En abril del 2015, el ministro del Interior indignó al Govern de la Generalitat al vincular el soberanismo catalán -en concreto, la fundación Nous Catalans, de Convergència Democràtica (CDC)- con el yihadismo. Fernández Díaz  deslizó esa gravísima acusación en una entrevista en Catalunya Ràdio en paralelo a una importante operación contra el terrorismo islámico por los Mossos de Esquadra que llevó a la detención de 11 sospechosos de preparar un atentado en Catalunya. En sintonía con esa tesis del ministro, algunos medios españolistas alimentaron la especie de que CDC y ERC buscaban el apoyo de los “grupos islámicos” en Catalunya.

El Congreso de los Diputados ha decidido poner en marcha una comisión de investigación sobre las actividades políticas del ministerio del Interior en la etapa de Jorge Fernández tras las revelaciones sobre la Operación Catalunya, que estallaron con el escándalo de sus conversaciones con el entonces director de la Oficina Antifrau de Catalunya, Daniel de Alfonso, para fabricar y "afinar" pruebas contra líderes del independentismo; o las referidas a una “policia patriótica” dirigida por el entonces número dos operativo de la Policía, el DAO Eugenio Pino, y el comisario José Manuel Villarejo, a los que también se ha vinculado con presiones a la Banca Andorrana en el caso Pujol. El ahora exministro ha negado todos estos extremos. Pero su discurso público sobre el independentismo ha respondido a los mismos objetivos una y otra vez: desfigurar el movimiento y adjudicarle un inexistente perfil violento.

En septiembre del 2015, un incidente con una bandera estelada y una española en el balcón del ayuntamiento de Barcelona el dia de la Mercè, protagonizado por los líderes de ERC, Alfred Bosch, y el PP, Alberto Fernández Díaz -hermano del exministro del Interior-, en el balcón del ayuntamiento de Barcelona el dia de la Mercè, dio pie a Jorge Fernández para hacer una rápida equiparación con la "guerra de banderas" de los años ochenta en Euskadi y Navarra, "cuando ETA estaba plenamente activa", remarcó. De vincular a los soberanistas catalanes con el terrorismo yihadista el máximo responsable político de la seguridad del Estado pasaba ahora a establecer analogías con el escenario de los años marcados por la violencia etarra.    

"Fascista, mierda, eres una mierda"

Durante cinco años consecutivos, entre el 2012 y el 2016,  el independentismo ha salido a la calle en Catalunya, en manifestaciones masivas, de centenares de miles de personas. No han tenido parangón ni en el momento álgido de la crisis financiera global de 2008 y sus secuelas de protesta política, económica y social. Occupy Wall Street al 15-M pasando por las -frustradas- primaveras árabes fueron movimientos igualmente masivos, pero de continuidad limitada. En las manifestaciones catalanas por la independencia organizadas por la ANC, Òmnium, la AMI y un sinfín de entidades de la sociedad civil, ni siquiera se rompió una papelera. No existe ni un solo atestado policial, ni incidente alguno registrado.

No hay tema. Con todo, ciertos poderes pusieron todas sus esperanzas de que la baraja finalmente se rompiese el 6-F, cuando más de 40.000 personas secundaron la convocatoria de las entidades soberanistas y se plantaron ante la sede del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya para dar apoyo al expresident Artur Mas y sus conselleres Joana Ortega e Irene Rigau, en el inicio del juicio por la consulta del 9-N. Pero la realidad volvió a ser más tozuda: no hubo incidentes. O al menos no los hubo hasta que tres días después de que quedaase visto para sentencia, la fiscal jefe de Barcelona, Anna Maria Magaldi,  aseguró que temió por su integridad física ante los insultos de un grupo de los concentrados –“Fascista, mierda, eres una mierda, vete de Catalunya, fuera”-, y la actitud de un joven independentista que se le acercó. Las imágenes de ese día corroboran, en cambio, que la fiscal se tomó el ambiente con la suficiente tranquilidad como para seguir degustando su cigarrillo sin alterarse lo más mínimo.

Desde luego no es fácil construir ese “catalán violento”, una suerte de mutación de aquel “català emprenyat” que llenó la manifestación contra la sentencia del Estatut en el 2010 y alimentó las posteriores. Pero parece que, en el empeño, no se quiere reparar en medios. Ello explica que un simple abucheo, por reprobable que sea, pueda convertirse en posible materia de acción penal, como advirtió Magaldi, en abierto contraste con la inacción de la justicia ante la impunidad verbal con la que operan algunos tertulianos en relación con la cuestión catalana. Es el caso de Federico Jiménez Losantos y sus invitados estrella en Es Radio, el articulista de ABC Hermann Tertsch y Eduardo Inda, director de OK Diario. Al hilo del caso Magaldi, Inda llegó a afirmar este jueves: "El nivel de violencia en Catalunya no se ha vivido ni en el País Vasco de los años duros. Porque allí podían matar a algún juez o a algún fiscal, pero tampoco mataron a muchos".

Entre 1989 y el 2001 ETA asesinó a la fiscal de la Audiencia Nacional Carmen Tagle; al catedrático y miembro del Consejo de Estado Manuel Broseta; al expresidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente; al magistrado del Tribunal Supremo Rafael Martínez Emperador; al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luís Portero; al magistrado de la sala militar del Tribunal Supremo José Francisco de Querol y Lombardero, a su chófer y a su escolta; y al magistrado de la Audiencia Provincial de Bizkaya José María Lidón.

El colectivo judicial  estuvo en el punto de mira de ETA durante muchos años. Pero para Inda fueron “pocas” las víctimas, por comparación con “el nivel de violencia” que a su juicio existe en Catalunya. El periodista incluso consiguió indignar en las redes sociales a dirigentes políticos catalanes poco sospechosos de simpatizar con el movimiento independentista, como el líder de Podem Albano Dante Fachin.

Inda, en cambio, en ningún momento se refirió a las nuevas grabaciones reveladas ese mismo día por el diario Publico en las que se le implica en la Operación Catalunya, con un papel protagonista durante su etapa en el diario El Mundo junto a su compañero Esteban Urreizteta.

"Reflexiones sobre Catalunya"

Independencia, fascismo, violencia y terrorismo. Entre la rueda de prensa de Magaldi y las afirmaciones de Inda, Josep Piqué i Camps, que fue líder del PP catalán y ministro del gobierno de José María Aznar durante las negociaciones con la organización terrorista tras la tregua de Lizarra (1998), no tuvo empacho en afirmar que en Catalunya “hay demasiados fascistas” soberanistas.

Piqué hizo este diagnóstico en la conferencia “Reflexiones sobre Catalunya”. Junto a él estaba Javier Vega de Seoane, presidente del Círculo de Empresarios, y Mariano Gomá, presidente de Societat Civil Catalana, así como el delegado del Gobierno español en Catalunya, Enric Millo. Vega de Seoane afirmó recientemente que “los empresarios huyen de Catalunya como de la peste”, por el clima de “inseguridad jurídica”. Le faltó poco para decir que los soberanistas estaban cobrando ya algo así como el “impuesto revolucionario”. Por su parte, Gomá lidera una entidad, Sociedad Civil Catalana, tan minoritaria como de amplia proyección pública, incluso más allá de los medios del unionismo estricto, cuya función frente al soberanismo -otra vez la deformación del espejo vasco-, así como la de otras organizaciones similares, se ha querido presentar como equivalente a la del movimiento Basta Ya! frente al terrorismo de ETA. 

Otro intento de dar cuerpo a la figura del “catalán violento” se produjo en la inédita manifestación en la que participaron de más de mil agentes del Cuerpo Nacional de Policía, los Mossos d’Esquadra, La Guardia Civil, la Guardia Urbana, la Ertzaintza y el cuerpo de Vigilancia Aduanera que el 17 de enero pasado reclamó en las calles de Barcelona respeto a su dignidad ante el “acoso” que atribuyen a la CUP. Esa presión -es decir, las habituales protestas ante actuaciones policiales, perfectamente legales, que lleva a cabo el colectivo cupaire- no impidió, por ejemplo, que el regidor cupaire de Vic Joan Coma fuera detenido y trasladado a la Audiencia Nacional en diciembre pasado por un presunto delito de incitación a la sedición. El fiscal intentó demostrar en el interrogatorio que Coma era partidario de la violencia. Ese era el sentido de que le preguntase por el significado de la expresión “para hacer una tortilla hay que romper huevos”. El "català violent" ya ha sido llevado ante la Audiencia Nacional como un etarra cualquiera. Ya es un sujeto político. Y jurídico.