Nuevo frente común en el Congreso de los Diputados, esta vez contra el espionaje político. Hasta diez formaciones políticas, desde Unidas Podemos hasta independentistas, nacionalistas y soberanistas han registrado una petición de comisión de investigación en la cámara baja para que se investigue el CatalanGate, el uso del programa Pegasus para espiar hasta una sesenta de dirigentes independentistas. Oficialmente, el Gobierno se lava las manos y asegura que siempre se ha actuado de acuerdo con la legalidad, también desde el CNI. Pero se produce una nueva fractura entre los dos de La Moncloa.
La petición de comisión, registrada este mismo mediodía, ha sido firmada por los portavoces de Unidas Podemos y los comunes, ERC, Junts per Catalunya, el PDeCAT, la CUP, el PNV, EH Bildu, el BNG, Más País y Compromis. Y reclaman que se investigue "el espionaje e intromisión en la privacidad a través del malware Pegasus i Candiru de líderes políticos, activistas, abogados, instituciones y sus familiares y allegados".
Después de repasar las evidencias, en la exposición de motivos, los grupos firmantes advierten que "estas prácticas ilegales ponen en jaque todo el sistema democrático, socavan los derechos fundamentales e introducen una total y absoluta desprotección e inseguridad jurídica". Por eso consideran necesario investigar los "presuntos malos usos de estamentos y recursos públicos para la persecución política".
El Gobierno no se mueve
El papel del Centro Nacional de Inteligencia vuelve a estar en el centro del debate, en este caso por el espionaje ilegal a una sesentena de dirigentes políticos y sociales independentistas. Lo ha señalado el mismo president Pere Aragonès. Pero el Gobierno sale en defensa de sus servicios de inteligencia, que "siempre actúan de acuerdo con la legalidad vigente". Así lo ha reiterado hoy la máxima responsable política del organismo, la ministra Margarita Robles, que ha reprochado las acusaciones "sin pruebas" contra el CNI, "que no se puede defender". Todo esto, el mismo día que El País ha revelado que la inteligencia española compró el programa Pegasus "para espiar en el extranjero".
En una entrevista en TVE, la ministra de Defensa no se ha movido del argumentario oficial de La Moncloa. En primer lugar, ha defendido que nunca se ha actuado fuera de la ley, al menos en la actual legislatura. Ha asegurado que "el gobierno y el CNI siempre actúan con arreglo a la legalidad vigente" y que, a pesar de ser secretas, "todas las actuaciones del CNI están sujetas a control judicial y también control parlamentario". En segundo lugar, ha aprovechado para rebatir las acusaciones "sin pruebas" del president Aragonès contra la inteligencia española, a partir de "el informe de una ONG" (The Citizen Lab) que no sabe "cómo lo ha hecho ni cómo lo ha contrastado". En este sentido, ha criticado que "no podemos sembrar dudas o sospechas de un organismo que no se puede defender".
En cambio, desde Unidas Podemos están más en línea con las posiciones del independentismo y soberanismo. La vicepresidenta segunda Yolanda Díaz ha defendido hoy que "España no debe tener ningún miedo a la transparencia y ofrecer las aclaraciones que sean necesarias". La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha ido un paso más allá: "Es una cuestión de calidad democrática. No puede quedar ninguna sombra de duda. Hay que investigar hasta el final y depurar responsabilidades".