Ya presentaron un manifiesto de denuncia conjunta cuando se hizo público el espionaje a Roger Torrent. Ahora, el independentismo y el soberanismo han dado un paso más y han vuelto a hacer un frente común en el Congreso de los Diputados. Los grupos de Unidas Podemos, ERC, JxCat, la CUP, el PNV, EH Bildu, el BNG, Más País y Compromis han registrado una comisión de investigación "sobre el espionaje e intromisión a la privacidad y la intimidad de líderes políticos, instituciones y personas individuales por parte de las estructuras públicas del Estado". Se menciona el caso de Torrent, pero también el de la cupera Anna Gabriel o el del miembro de la ANC Jordi Domingo, atacados con el programa Pegasus.
En la petición registrada en el Congreso, los partidos firmantes sostienen que, si bien el Gobierno ha negado ningún tipo de vínculos con estos espionajes, "es sabido que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y el CNI sí que utilizaban software por intromisión en terminales móviles y dispositivos electrónicos para monitorizar información". Y citan ejemplos del pasado, como cuando Exteriores, bajo las órdenes de Josep Borrell, "tenía informes sobre espionaje y seguimiento presuntamente ilegal de la actividad de las delegaciones exteriores de la Generalitat".
Pero va mucho más allá del independentismo. Según la exposición de motivos de la comisión, "también es sabido que el actual vicepresidente Pablo Iglesias, así como centenares de personalidades del mundo empresarial, han sido presuntamente objeto de seguimiento, espionaje y monitorización ilegales durante años por personas relacionadas con departamentos públicos". Señalan que "el caso más escandaloso" es el del excomisario José Manuel Villarejo, que tendría "miles y miles de horas de grabación de conversaciones telefónicas".
Ante estos hechos, Podemos, independentistas y soberanistas consideran que "no se ha dado respuesta todavía" ni se han depurado responsabilidades, aunque hubo una comisión de investigación en el Congreso en torno a las cloacas del Estado. "Tampoco se ha dado cuenta de los sistemas de control para evitar estas prácticas ilegales que ponen en jaque a todo el sistema democrático, que socavan los derechos fundamentales e introducen una total y absoluta desprotección e inseguridad jurídica".
Con toda probabilidad, la petición de comisión de investigación será tumbada por la Mesa con los mismos votos que han naufragado las de la monarquía o Felipe González y los GAL: la pinza entre el PSOE, el PP y Vox.