Han pasado casi tres meses desde que Pedro Sánchez, después de cinco días de clausura en el Palacio de la Moncloa con su familia, anunció que continuaba al frente del Gobierno. Algunos medios de comunicación habían señalado supuestas irregularidades en la actividad empresarial de Begoña Gómez, y la justicia ya había decidido investigarla por presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. En aquella comparecencia, después de que se hubiera tocado a su esposa y se hubiera declarado un "hombre enamorado", anunciaba a toda la ciudadanía que impulsaría una 'regeneración democrática' en España. Lo ha hecho esta semana presentando en el Congreso de los Diputados un plan cargado de inconcreciones. Sus ideas no solo han encendido la oposición, sino que han decepcionado a los socios. Junts per Catalunya y Esquerra Republicana le recriminaron en aquel debate cómo ha expuesto su doble moral en aspectos como el lawfare o la calidad democrática de España: ha presentado un plan de este tipo ahora que la víctima del aparato mediático y judicial es su esposa; después de haberse puesto de perfil ante espionajes, infiltraciones policiales y encarcelamientos en movimientos disidentes como el independentismo.
Después de que el 'caso Begoña' haya nacido a partir de informaciones publicadas en lo que él denomina 'pseudomedios', Sánchez propuso este miércoles en el Congreso exigir a los medios de comunicación que hagan público el nombre de sus accionistas, la asignación que reciben a través de financiación pública y sus cifras de audiencia. Esta propuesta fue acompañada del anuncio de un paquete de ayudas de 100 millones de euros para los medios en su proceso de digitalización. También propuso endurecer las sanciones a los diputados y senadores que no presenten sus declaraciones de bienes y actividades, así como obligar a los candidatos a las elecciones a celebrar debates y que los laboratorios demoscópicos hagan públicos los macrodatos con los que elaboran sus barómetros.
Pedro Sánchez solo mencionó la ley mordaza una vez. Sugirió "reformarla" con alguna pincelada. Su propuesta se limitó a eso. Fuentes del Gobierno no muestran ningún signo de querer abordar en este plan medidas para una democratización más profunda del estado español. Miembros de alta jerarquía en el Consejo de Ministros reconocen que no hay la intención de democratizar el aparato judicial, reformar la ley de secretos oficiales o hacer más transparente el CNI. De momento, estos temas quedan guardados en el cajón.
Sánchez, al rescate de su esposa después de no inmutarse con el lawfare a independentistas
Cuando en el debate de este miércoles le tocó hablar a Gabriel Rufián, le recriminó a Pedro Sánchez que haya reivindicado España como "una democracia plena" cuando "varios grupos parlamentarios le hemos preguntado sobre la impunidad de los fachas en la calle, las mentiras en la televisión y la impunidad de la guerra judicial". El líder de ERC en Madrid le hacía al líder socialista una pregunta que caía por su propio peso: "¿Cómo puede ser que una democracia plena necesite un plan de regeneración democrática?". El jefe de filas republicanas también le recordaba al presidente español que las carencias democráticas en España "empiezan con un juez envalentonado enviando a nueve personas a prisión por un referéndum y acaba con otro investigando a su esposa por una reunión". "La diferencia es que ahora les toca a ustedes", le espetaba Rufián, mientras Sánchez murmuraba "no es verdad" desde su escaño de jefe del ejecutivo.
Más tarde le tocaba a Míriam Nogueras, y también señalaba con el dedo la misma incoherencia de Pedro Sánchez. "Nadie regenera nada que ya funciona", decía la líder de Junts per Catalunya en Madrid, y se quejaba de que el PSOE "hasta hace cuatro días vendía que España es una democracia modélica". "Bienvenidos al club, porque mientras los independentistas señalábamos que Felipe VI iba desnudo y aportábamos pruebas de espionaje, infiltraciones en organizaciones, medios patrióticos, complots y conspiraciones de policías, ustedes decían que nosotros exagerábamos", remataba, asegurando que su formación no olvida que el artículo 155 llevase también el sello de los socialistas.
La defensa de Begoña Gómez detecta falta de garantías en su causa
Al fin y al cabo, ha sido nuevamente una semana marcada por Begoña Gómez. El plan demo-regenerativo que presentó Sánchez tenía la semilla en su esposa. Y justamente este viernes ella estaba citada en el juzgado para declarar como investigada. No lo hizo, finalmente. Se acogió a su derecho a no declarar. Y con argumentos similares a todos aquellos que alguna vez han denunciado la guerra judicial en España: falta de garantías.
Su abogado, el exministro Antonio Camacho, aseguraba el viernes a la salida de los juzgados que su clienta "no tiene nada que esconder", pero se le recomendó hacer un acto de silencio al detectar ausencia de "garantías" procesales. Acusó al juez Juan Carlos Peinado de "extender cada vez más" la investigación. "El procedimiento ya se ha quedado sin contenido", opinó, porque "un instructor no puede investigar cualquier cosa".
El caso es que el juez reconoció en un auto que indaga todos los actos cometidos por Begoña Gómez desde que su marido es presidente del Gobierno y en relación con las denuncias presentadas por organizaciones ultras. El último capítulo de esta trama es que Vox ya ha anunciado que pedirá que se cite a Pedro Sánchez en calidad de testigo en este caso.